No están preparados para asumir un cargo

18-04-2026 medianoche

Pedro Sánchez y Félix Bolaños

Por Enrique Moreno | 🕘 6 minutos de lectura

El problema de España no es que haya conflictos entre poderes. El problema es cuando uno de los poderes decide comportarse como si los demás fueran un estorbo. Y en este caso, el Poder Ejecutivo —encarnado en la figura del ministro de Justicia, nada menos— ha decidido cruzar una línea que en cualquier democracia seria debería ser roja, gruesa y bien visible.

El ministro Félix Bolaños ha decidido que, cuando una decisión judicial no le gusta, no se recurre, no se combate jurídicamente, no se rebate en derecho. No. Se desacredita en público. Se cuestiona. Se insinúa que avergüenza. Se desliza la idea de que el problema no está en los hechos, sino en quien los investiga. Lo nunca visto: el guardián de la Justicia convertido en comentarista indignado de los jueces.

El caso es conocido. El juez Juan Carlos Peinado cierra una instrucción compleja y decide enviar a juicio a Begoña Gómez por varios delitos. La Fiscalía no está de acuerdo. Las defensas tampoco. Bienvenido al Estado de Derecho: discrepancias, recursos, debate jurídico. Hasta ahí, todo normal. Lo que deja de ser normal es que un ministro salga a decir que esa decisión “avergüenza” a la judicatura.

¿Avergüenza a quién? ¿Desde cuándo el Ejecutivo mide la vergüenza de los jueces? ¿En qué artículo de la Constitución aparece el “baremo emocional ministerial” para valorar resoluciones judiciales?

La reacción no se ha hecho esperar. Asociaciones judiciales, magistrados de instrucción, compañeros de profesión han tenido que salir —sí, salir— a recordar algo tan básico que debería enseñarse en primero de democracia: la ley es igual para todos, sin privilegios. Y que las resoluciones judiciales se combaten en los tribunales, no en ruedas de prensa ni en declaraciones con micrófono y gesto grave.

Aquí es donde la cosa empieza a oler a algo más profundo que una simple discrepancia. Esto no es un calentón verbal. Esto es una inflamación institucional, una irritación del sistema en la que el poder político empieza a ver al poder judicial no como un contrapeso, sino como un obstáculo.

Y cuando el poder empieza a considerar obstáculo al control, el problema ya no es jurídico. Es político. Y, si se insiste, termina siendo estructural.

Porque no es la primera vez. Venimos de semanas —por no decir meses— en las que se cuestionan jueces, se sugieren intenciones, se construyen relatos paralelos para desacreditar investigaciones incómodas. Todo muy casual. Todo muy coincidente con causas que afectan al entorno del poder. Todo muy oportuno.

Y en medio de todo esto aparece el ciudadano, ese sujeto que paga impuestos, cumple normas y espera —ingenuo de él— que las instituciones funcionen. Y lo que ve es un espectáculo inquietante: un ministro de Justicia enfrentado públicamente a un juez por hacer su trabajo.

Dirán que es libertad de expresión. Que todos pueden opinar. Perfecto. Pero no todos ocupan el mismo lugar institucional. No es lo mismo un tertuliano que un ministro. No es lo mismo una crítica privada que una descalificación desde el poder. Porque cuando el poder habla, no opina: condiciona.

Y eso es lo peligroso.

Porque si el mensaje que se lanza es que investigar a determinadas personas conlleva desgaste público, señalamiento y presión política, lo que se está construyendo no es un Estado de Derecho, sino un ecosistema de advertencias implícitas. Un sistema donde algunos jueces pueden empezar a pensar si merece la pena meterse en ciertos jardines.

Y entonces sí. Entonces el problema ya no será Bolaños, ni Peinado, ni Gómez. Será algo mucho más grave: la erosión silenciosa de la independencia judicial.

Conviene recordarlo antes de que sea tarde: la separación de poderes no es una teoría bonita para manuales de Derecho. Es el dique de contención frente al abuso del poder. Y cuando ese dique se empieza a resquebrajar, no lo hace con un estruendo. Lo hace con declaraciones, con insinuaciones, con gestos que parecen pequeños… hasta que dejan de serlo.

Porque una democracia no se rompe de golpe. Se desgasta.

Y cuando el ministro de Justicia se dedica a señalar a los jueces, el desgaste deja de ser una hipótesis.

Pasa a ser una realidad.

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