Siempre he desconfiado de la gente que cree que un bosque puede gobernarse desde un despacho climatizado de Bruselas o de Madrid. No porque sean malos; eso sería concederles una profundidad psicológica que no merecen. Desconfío porque hablan del monte igual que un vegano da una conferencia sobre jamones ibéricos: con mucha terminología, mucha suficiencia y un desconocimiento enciclopédico de aquello sobre lo que pontifican. Llevamos décadas sustituyendo a pastores por asesores, a ingenieros de campo por burócratas y a quienes conocen cada barranco por quienes conocen cada subvención. Después llega julio, arde media España y los mismos iluminados comparecen muy compungidos delante de un micrófono para decirnos que el fuego es culpa del calor. Qué descubrimiento. El agua moja, el hielo enfría y el fuego quema. Para semejante despliegue intelectual no hacían falta tantos ministerios.

Hace unos días escuchaba el testimonio de un empresario forestal cuya familia llevaba un siglo viviendo del monte. Tres generaciones limpiando bosques, abriendo cortafuegos y haciendo precisamente ese trabajo ingrato que nadie aplaude cuando sale bien porque consiste en que no pase nada. Contaba que hace más de una década la propia Administración le adjudicó la limpieza de miles de hectáreas de cortafuegos en la Sierra de Madrid, con todas las autorizaciones en regla, y que apenas comenzaron los trabajos aparecieron los ecologetas, las protestas, paralizaciones y obstáculos hasta dejar el proyecto prácticamente enterrado. No entro a juzgar aquel expediente concreto porque no conozco todos sus detalles. Lo que sí conozco es el resultado que cualquiera puede contemplar cada verano: montes cada vez más cargados de combustible, incendios cada vez más violentos y pueblos enteros pendientes de que cambie el viento para no desaparecer del mapa.

Los incendios no se apagan en julio. Se apagan en enero. Se apagan cuando se limpia el monte, cuando se mantienen los cortafuegos, cuando se permite el pastoreo, cuando se retira madera muerta y cuando se entiende que un bosque abandonado no es un bosque protegido, sino una bomba de relojería esperando una chispa. Eso lo sabe cualquier ganadero, cualquier brigadista y cualquier persona que haya pasado más tiempo entre encinas que entre comisiones parlamentarias. Pero resulta que ahora la experiencia vale menos que una guía redactada por alguien que probablemente distingue un pino de un chopo gracias a Google Lens.

Lo fascinante de nuestra época es esa superioridad moral con la que algunos convierten cada prohibición en una conquista civilizatoria. Todo está prohibido. Cortar, limpiar, desbrozar, aprovechar la madera, meter ganado, abrir pistas, tocar una rama caída... cualquier intervención parece poco menos que un atentado ecológico. El monte, según esa nueva religión, debe permanecer intacto, inmóvil y sagrado, como si la naturaleza española hubiera evolucionado durante siglos sin pastores, sin leñadores, sin carboneo, sin resinadores y sin generaciones enteras de hombres y mujeres que vivían precisamente de cuidarla. La paradoja es extraordinaria: quienes menos han pisado un monte son quienes más instrucciones dan sobre cómo conservarlo.

Y luego están los discursos oficiales. Siempre impecables. Siempre solemnes. Siempre vacíos. Mucho hablar de resiliencia, biodiversidad, sostenibilidad y demás palabras que sirven para llenar congresos internacionales mientras el monte acumula toneladas de combustible vegetal esperando la siguiente ola de calor. La burocracia produce informes con una velocidad admirable; el bosque produce maleza bastante más deprisa. Y cuando ambos procesos se encuentran, gana siempre el fuego.

Confieso que hay días en los que uno termina haciéndose preguntas incómodas. ¿De verdad todo esto responde únicamente a la incompetencia? ¿De verdad nadie veía venir que abandonar durante años la gestión del territorio tendría consecuencias? ¿No estará detrás de tanto despropósito el dinero de ciertas compañías? Cuesta creer que tanta gente preparada pueda equivocarse de forma tan sistemática durante tanto tiempo. Lo hacen tan extraordinariamente mal que cualquiera acabaría pensando que persiguen exactamente el resultado que obtienen. Yo no afirmo semejante cosa. Me limito a reconocer que, cuando una política produce reiteradamente el efecto contrario al que proclama, la frontera entre la torpeza y la sospecha empieza a hacerse peligrosamente fina.

Mientras tanto, el mundo rural sigue escuchando lecciones de quienes lo visitan dos fines de semana al año para hacerse una fotografía abrazando un alcornoque. El pastor se convierte en sospechoso, el ganadero en contaminador, el propietario forestal en depredador y el ecologista de despacho en sumo sacerdote de la naturaleza. Es un teatro magnífico hasta que el telón empieza a arder. Entonces aparecen los helicópteros, los políticos con chaleco reflectante, las promesas de que ahora sí aprenderemos la lección y las habituales declaraciones institucionales llenas de palabras grandilocuentes y absolutamente estériles. Pasa septiembre, llegan las lluvias y todo vuelve a olvidarse hasta el verano siguiente, cuando el ritual se repite con la precisión de un reloj suizo.

Yo sigo creyendo, quizá porque todavía conservo el viejo defecto de escuchar a quien sabe antes que a quien presume de saber, que el bosque necesita menos dogmas y más gestión; menos ideología y más conocimiento; menos despachos y más botas embarradas. Porque el fuego no vota, no entiende de eslóganes ni distingue entre izquierdas y derechas. Pero sí distingue perfectamente entre un monte cuidado y otro abandonado. Y me temo que el mayor combustible que está acumulando España no es la maleza. Es la soberbia de quienes llevan años convencidos de que un decreto puede más que un siglo de experiencia.