Hay pueblos que sólo aprenden cuando se golpean contra la pared. España, por desgracia, suele necesitar dos o tres mamporros para convencerse de que el muro estaba allí. Yo aún recuerdo las elecciones generales de 2011. No porque Mariano Rajoy obtuviera una mayoría absoluta de las que hoy parecen piezas de museo, sino porque aquella victoria fue el certificado de defunción política de un Gobierno que había llevado a España a una de las mayores crisis económicas de su historia reciente.

Durante años se negó la realidad. Se dijo que no existía crisis. Después que era una simple desaceleración. Más tarde que todo venía de fuera. Entretanto el paro devoraba familias enteras, las empresas cerraban una detrás de otra, el déficit se disparaba, la deuda crecía como una bola de nieve y millones de españoles descubrían que el Estado del bienestar era muy solidario... siempre que fuera otro quien lo pagara. Cuando los ciudadanos hablaron en las urnas lo hicieron con una contundencia extraordinaria. Ciento ochenta y seis diputados para el Partido Popular. Ciento diez para el PSOE. Una mayoría absoluta que no fue un cheque en blanco, sino una factura.

Pero ocurrió algo que muchos de aquellos votantes jamás olvidaron. Habían pedido adelgazar un Estado hipertrofiado y recibieron una de las mayores subidas fiscales de nuestra democracia. El contribuyente que había castigado al Gobierno saliente terminó castigado por el Gobierno entrante. El enfermo pidió al cirujano que le extirpara el tumor y el cirujano decidió amputarle una pierna sana. Fue una obra maestra de la desafección política.

Desde entonces comprendí una verdad incómoda. Las elecciones cambian los inquilinos del palacio, pero no siempre modifican las costumbres del palacio. Cambian los retratos de las paredes, los coches oficiales, los asesores y hasta el color de las corbatas. Lo verdaderamente difícil es que cambie la manera de entender el poder.

Hoy la situación es distinta. O quizá sea peor. En 2011 el problema era esencialmente económico. España estaba exhausta. Hoy muchos consideran que el debate principal afecta también al funcionamiento institucional, a la organización territorial del Estado y a la confianza entre ciudadanos e instituciones. Ya no se discute únicamente cuánto dinero hay en la caja. Se discute quién decide sobre la caja, quién fija las reglas y hasta dónde pueden llegar las concesiones políticas para sostener una mayoría parlamentaria.

Y aquí aparece el viejo demonio de nuestra política. El cortoplacismo. Ese cáncer que convierte cada legislatura en una subasta permanente donde los principios se cotizan por escaños. Un Gobierno débil ofrece competencias. Otro promete inversiones. El siguiente negocia privilegios. Después llegan los discursos solemnes sobre la igualdad de todos los españoles mientras el Boletín Oficial se dedica a explicar exactamente lo contrario. La retórica proclama una nación de ciudadanos iguales; la aritmética parlamentaria fabrica ciudadanos de primera, de segunda y de tercera según la utilidad de sus votos.

Lo que me preocupa no es únicamente el presente. Me preocupa el día después. Porque todas las encuestas, acertadas o no, apuntan a un cambio político. Y yo sólo espero una cosa. Una. Que quienes lleguen al poder recuerden por qué llegaron. Que no interpreten una victoria electoral como una patente para repetir los errores de hace quince años. Que no vuelvan a considerar al contribuyente una piñata fiscal. Que no conviertan la ilusión de sus votantes en una oficina de recaudación con bandera distinta.

Los partidos tienen una habilidad extraordinaria para aprender las lecciones equivocadas. Cuando pierden creen que hablaron poco. Cuando ganan creen que acertaron en todo. Nunca se preguntan si fueron los errores del adversario los que les abrieron la puerta. Nunca admiten que la confianza prestada puede retirarse con la misma facilidad con la que se entrega.

Yo desconfío profundamente de los gobiernos que llegan convencidos de que el pueblo les debe gratitud. Ningún ciudadano debe gratitud a quien administra el dinero que previamente le ha quitado. Ningún gobernante merece una ovación por cumplir con su obligación. Y ningún partido debería olvidar que la soberbia ha sido siempre el preludio de las grandes derrotas.

Quizá dentro de unos años alguien vuelva a escribir sobre otra mayoría absoluta. O quizá no. Pero si quienes están llamados a gobernar repiten los mismos errores que tanto criticaron desde la oposición, no podrán culpar al adversario de su caída. Tendrán que mirarse al espejo. Y descubrirán que el peor enemigo de un partido no suele sentarse enfrente en el hemiciclo. Suele sentarse en el Consejo de Ministros.

Yo ya vi una mayoría absoluta desperdiciada. Confieso que no me apetece asistir al estreno de la segunda.