“¡Ah! ¿Pero que Húmera tiene una depuradora?”. Esta es la pregunta que con mayor frecuencia me hacen cuando empiezo a contar esta historia. Por algún motivo el PP se ha esforzado en generar la apariencia de que las aguas de Pozuelo se depuran por ciencia infusa que, como ciencia, sería exacta y funcionaría a las mil maravillas. Nada más lejos de la realidad. La historia de la depuradora de Húmera hunde sus raíces tiempo atrás y ha terminado llevando a diez concejales y exconcejales del PP ante los tribunales por un presunto delito medioambiental. Cuando el río suena, agua lleva.

Hace algo más de un año defendí en el Pleno una moción de mi grupo para pedir, sencillamente, el cumplimiento del Plan General de 2002 que preveía el desmantelamiento de la depuradora. Lo pedíamos por la contaminación que estaba provocando la instalación y por las irregularidades que la rodean, desde su ubicación a escasos 50 metros de las viviendas hasta las sanciones que en repetidas ocasiones ha impuesto la Confederación Hidrográfica del Tajo. La depuradora ha estado mucho tiempo funcionado sin la autorización del organismo público, ha sido reformada sin la evaluación de impacto ambiental de organismo autonómico preceptivo y ha incumplido de forma reiterada los valores máximos de sustancias tan peligrosas como el nitrógeno. Sobra recordar que el PP votó en contra de la moción.
Ante la negativa del Gobierno a cumplir la Ley, nos encontramos en una tesitura muy difícil en la que solo nos quedaban dos opciones: mirar para otro lado o acudir a los tribunales. Y optamos por la segunda, por responsabilidad y por compromiso con nuestros vecinos. Decidimos apoyar a los vecinos de Húmera que, con mucha valentía, denunciaron la situación, a pesar de los ataques reiterados del Gobierno que intentó por todos los medios desactivar su iniciativa.

Pasó el tiempo, los gases sulfurosos seguían en suspensión sobre la instalación, el olor a huevos podridos seguía invadiendo los hogares de los vecinos, las partículas de nitrógeno infectaban el Arroyo Antequina, atravesando La Casa de Campo y desembocando en el Río Manzanares, mientras el Gobierno seguía negando el problema. Y en todo esto entró en escena la Guardia Civil que una buena mañana llegó al Ayuntamiento y tocó la puerta de varios concejales del PP, Alcaldesa incluida, para informales de que debían comparecer en Tres Cantos para contestar a sus preguntas en calidad de investigados. Los nervios comenzaron a apoderarse de los pasillos y los concejales investigados se enrocaron en sus despachos durante semanas con la intención, imagino, de pasar desapercibidos.
La noticia saltó a los grandes medios y por más que intentaron sofocar el incendio argumentando que simplemente eran una diligencias del SEPRONA y que el Juzgado no sostendría la imputación de ninguno, la información ya había llegado demasiado lejos. El aparente optimismo de la Alcaldesa y de los concejales investigados contrastaba con el avance de la investigación que no parecía augurar nada bueno para sus intereses. Y así, en un clima tremendamente enrarecido, paralizadas las conversaciones entre Somos Pozuelo y PP, decidimos dar un paso al frente y personarnos en la causa como acusación popular. Un derecho que la Ley nos reconoce y que decidimos ejercer para defender por todas las vías el interés general de nuestro Pueblo.

Cuál fue nuestra sorpresa al comprobar que la defensa de los investigados estaba intentando evitar que pudiéramos personarnos, exigiéndonos el depósito de una fianza y no sé cuántas condiciones más. ¿Por qué alguien con la conciencia tranquila pondría inconvenientes ante algo así? Como es lógico la Jueza nos dio la razón y desde entonces Somos Pozuelo representa la acusación popular y acompañará el proceso hasta su finalización.

Pero el destino tenía reservado un último revés para el PP. La Jueza ha considerado que los diez concejales y exconcejales deberán declarar el próximo septiembre, esta vez ante ella, en calidad de investigados. Lo que comenzó siendo una cacicada del Gobierno en un Pleno negándose a apoyar una moción de Somos Pozuelo que pedía el cumplimiento de la Ley, va camino de convertirse en complejo conflicto judicial que tiene en jaque al Gobierno de Pozuelo de Alarcón y que puede suponer una crisis sin precedentes en un partido que lleva décadas gobernando esta ciudad.

Desde Somos Pozuelo no perdemos de vista nuestros objetivos. Queremos limpiar el nombre de Pozuelo de cualquier sombra de corrupción o mal gobierno y ello pasa por exigir el cumplimiento del Plan General de 2002 y desmantelar la depuradora. Los vecinos de Pozuelo se merece un Gobierno limpio, que gestione con transparencia y garantice la conservación de nuestro entorno natural. Si este gobierno no está en condiciones de cumplir con estas condiciones, lo mejor que puede hacer es colgar las botas y permitir que empecemos a recuperar el tiempo perdido lo antes posible.   Ω