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Por Guillermo Molina | 🕘 8 minutos de lectura
He crecido, como tantos de mi generación, con una frase repetida hasta la saciedad: "Franco no dejaba opinar". Era el gran argumento que se utilizaba para explicarle a un niño de los años ochenta por qué España había cambiado de régimen. Luego venían otras consideraciones, claro. Había familias que lo llamaban asesino, que hablaban de los grises con auténtico pavor y que parecían haber vivido el franquismo como si cada día fuera el desembarco de Normandía. Curiosamente, muchas de esas familias tampoco eran precisamente unas apasionadas del cumplimiento de la ley, ni entonces ni ahora. Yo siempre he pensado que quien vive del estraperlo, del trapicheo o de la picaresca profesional suele llevar bastante mal cualquier autoridad que le recuerde dónde termina su libertad y empieza la del vecino.
Han pasado más de cincuenta años desde la muerte del Caudillo y uno descubre que el poder tiene muy mala memoria, pero muy buenos instintos. Porque el poder es como la cabra: siempre tira al monte. Cambian las siglas, cambian los discursos, cambian las canciones de campaña, cambian hasta los colores de las corbatas, pero la tentación de controlar lo que otros dicen permanece intacta. Es una enfermedad que afecta por igual a la izquierda, a la derecha y a todo aquel que consigue un despacho con moqueta y una secretaria en la puerta.
A mí me resulta hasta entrañable observar cómo todos llegan prometiendo libertad y todos terminan administrando permisos. Unos consideran que determinadas opiniones son discursos de odio; otros creen que ciertas informaciones son campañas de desprestigio; los de más allá piensan que los medios críticos forman parte de una conspiración internacional y los últimos aseguran que cualquier periodista que no les aplauda está comprado por el adversario. Al final, el razonamiento siempre es el mismo, solo cambia el uniforme.
La extrema izquierda, cuando no consigue imponer su relato, demasiadas veces acaba justificando el señalamiento o el escrache como si la intimidación fuera una extensión natural del debate democrático. El PSOE ha recibido críticas en numerosas ocasiones por su relación con determinadas instituciones del Estado y por la percepción, acertada o equivocada según quien lo juzgue, de querer influir en organismos que deberían actuar con autonomía. El Partido Popular, cuando gobierna, tampoco suele resistirse a colocar a los suyos donde puede hacerlo, y sería ingenuo pensar que cualquier otro partido con opciones reales de poder renunciaría voluntariamente a esa vieja costumbre española de confundir Estado con gobierno. Cambian los protagonistas; el decorado permanece.
Lo verdaderamente preocupante no es eso. Lo preocupante es la mentalidad de clan. Esa incapacidad para comprender que alguien pueda criticarte sin estar al servicio del rival. Parece imposible aceptar que un periodista publique una información simplemente porque es cierta, o que un articulista escriba una opinión porque realmente piensa así. No. Enseguida aparecen los detectives de barra de bar: "Eso lo dice porque trabaja para los otros". "Eso lo publica porque quiere hacer daño". "Eso es una consigna". Qué pobreza intelectual. Qué necesidad permanente de reducir el pensamiento ajeno a una conspiración.
Yo siempre he creído que los sectarios son personas profundamente inseguras. Necesitan clasificar a todo el mundo en dos bandos porque son incapaces de convivir con la complejidad. Para ellos no existen ciudadanos libres; solo existen aliados y enemigos. Si hoy critica al Gobierno, automáticamente pertenece a la oposición. Si mañana critica a la oposición, entonces es un vendido del Gobierno. La posibilidad de que alguien conserve el derecho a discrepar de todos les resulta tan incomprensible como la teoría de la relatividad.
Y eso no es nuevo. Hace dos mil años la mater familias decidía quién hablaba y quién callaba bajo su techo. Los señores feudales reservaban la almena más alta para recordar a los díscolos quién mandaba. Los monarcas absolutistas confundían la crítica con la traición. Los regímenes totalitarios perfeccionaron esa maquinaria hasta límites industriales. Hoy ya no hace falta una mazmorra. Basta una campaña de descrédito, una etiqueta en redes sociales, un linchamiento digital o el intento de convertir al discrepante en un apestado moral. Los métodos evolucionan; el impulso sigue siendo el mismo.
Por eso sonrío cuando escucho a determinados dirigentes llenarse la boca hablando de libertad de expresión mientras solo consideran legítima la que coincide con la suya. La libertad auténtica empieza precisamente cuando alguien dice algo que a usted no le gusta escuchar. Lo demás es propaganda envuelta en buenas intenciones.
Quizá la única diferencia con otras épocas sea que hoy quienes pretenden imponer el silencio ya no siempre son los más preparados. A menudo son personajes bastante mediocres, convencidos de que un cargo les ha concedido también superioridad moral e intelectual. Y ahí suele producirse el error de cálculo. Porque enfrente ya no encuentran súbditos resignados ni vecinos desinformados. Encuentran ciudadanos que leen, comparan, contrastan y responden. Personas que, afortunadamente, conocen mucho mejor la historia que esos pequeños aspirantes a dictador que confunden la autoridad con el derecho a no ser contradichos.
Al final, los siglos pasan, los nombres cambian y las estatuas se sustituyen unas por otras, pero el poder continúa padeciendo la misma tentación de siempre: callar al que incomoda en lugar de rebatirlo. La cabra, efectivamente, sigue tirando al monte. Lo verdaderamente esperanzador es que cada vez hay más gente dispuesta a recordarle que el monte ya no le pertenece.
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