El problema de España no es el cambio climático. El problema de España es que existen dos ecologismos. Uno es el de los ciudadanos, que pagan. El otro es el de los gobernantes, que vuelan. Al primero se le persigue con multas, restricciones, zonas de bajas emisiones, impuestos verdes, campañas de concienciación y sermones diarios sobre la necesidad de salvar el planeta. Al segundo se le reserva un Falcon, una pista de aterrizaje y un gabinete de comunicación encargado de explicar que todo responde a elevadísimas razones de Estado. Resulta que usted contamina cuando lleva a sus hijos al colegio en coche, pero el poder no contamina nunca; el poder ejerce funciones institucionales.

El pasado fin de semana se produjo una de esas escenas que explican mejor España que cien encuestas del CIS y doscientos discursos parlamentarios. Después de recibir al Papa junto a los Reyes y otras autoridades, Pedro Sánchez decidió modificar su agenda para asistir al Primavera Sound de Barcelona. Allí apareció en la zona VIP acompañado por su esposa, compartiendo conversaciones, sonrisas y fotografías con artistas y patrocinadores. Todo muy moderno, muy desenfadado y muy fotogénico. Lo único antiguo era el detalle de que el desplazamiento se realizara en un avión oficial pagado por los contribuyentes, esos mismos ciudadanos a los que se les exige cada vez más sacrificios para combatir el calentamiento global.

A mí lo que más me fascina no es el viaje. Los poderosos siempre han viajado cómodamente. Los faraones llevaban porteadores, los emperadores llevaban legiones, los reyes llevaban cortes enteras y los gobernantes contemporáneos llevan asesores, escoltas, jefes de gabinete, responsables de protocolo, fotógrafos oficiales y reactores ejecutivos. Lo verdaderamente admirable es la capacidad para convertir el privilegio en virtud. Porque no se nos presenta como un lujo, sino como un servicio. No se nos vende como una comodidad, sino como una obligación institucional. Y así, una hora de vuelo que cuesta miles de euros y emite toneladas de CO₂ deja de ser un gasto para convertirse en una necesidad democrática de primer orden. ¡Quién lo diría!

Mientras tanto, en la España real, esa especie en peligro de extinción que todavía madruga, paga impuestos y llega con dificultad a fin de mes, las normas son distintas. Al trabajador que necesita el coche para desplazarse se le explica que debe cambiar de vehículo. Al autónomo se le informa de que determinadas zonas urbanas ya no son para él. Al jubilado se le recuerda que su viejo utilitario constituye una amenaza medioambiental de primer nivel. Y todo ello acompañado por una catarata de mensajes moralizantes que presentan cada desplazamiento cotidiano como una agresión ecológica contra las futuras generaciones. El ciudadano debe expiar sus pecados climáticos mientras contempla cómo los guardianes de la nueva fe verde sobrevuelan el país a varios miles de metros de altura.

La enfermedad política que padecemos tiene incluso nombre. Se llama ejemplaridad selectiva. Consiste en imponer obligaciones estrictas a quienes carecen de poder y conceder excepciones permanentes a quienes lo ejercen. Es una patología antigua. Los señores feudales tampoco pagaban los tributos que imponían a los campesinos. Los nobles tampoco combatían en las mismas condiciones que los soldados. Y nuestros aristócratas administrativos tampoco parecen muy dispuestos a experimentar las incomodidades que recomiendan a los demás. Nada nuevo bajo el sol. Lo novedoso es que ahora pretenden convencernos de que los privilegios son sacrificios y que debemos agradecerlos.

Después llegan los expertos y nos explican que cuestionar estas cosas es populismo. Puede ser. También era populismo preguntarse por qué unos viajaban en carroza y otros iban descalzos. También era populismo preguntarse quién pagaba la fiesta. Y sigue siendo populismo preguntarse por qué el ciudadano debe vigilar obsesivamente su huella de carbono mientras el poder parece disfrutar de una especie de inmunidad ecológica diplomática.

Pero la cuestión de fondo no es el Falcon. El Falcon es solamente el síntoma. La enfermedad es otra. La enfermedad consiste en que una parte de nuestra clase dirigente ha terminado por convencerse de que existe una categoría superior de ciudadanos para los que las normas son orientativas y otra categoría inferior para los que son obligatorias. Los primeros gobiernan. Los segundos pagan. Los primeros predican. Los segundos obedecen. Los primeros vuelan. Los segundos financian el combustible.

Y luego se sorprenden de que aumente la desconfianza hacia las instituciones. Luego encargan informes para averiguar por qué la gente ya no cree en los discursos oficiales. Luego aparecen sociólogos, expertos y consultores intentando descifrar un misterio que resolvería cualquier tabernero de pueblo en menos de treinta segundos. Cuando quien predica austeridad vive en la abundancia, cuando quien exige sacrificios disfruta de privilegios y cuando quien habla de emisiones aterriza para ir a un concierto, el problema no es la comunicación política. El problema es que la gente tiene ojos.

Y todavía los utiliza.