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Por Enrique Moreno | 🕘 7 minutos de lectura
Hay noticias que escandalizan por el delito que describen y otras que lo hacen por el símbolo que representan. La condena del exministro José Luis Ábalos pertenece a la segunda categoría. No es únicamente que un exministro del Gobierno haya sido condenado por delitos gravísimos relacionados con la corrupción. Es que, si los hechos que la sentencia declara probados se sitúan en el contexto de la pandemia, la dimensión moral adquiere una profundidad difícil de exagerar. Mientras miles de españoles morían solos en hospitales, mientras familias enteras se despedían de sus padres y abuelos a través de una pantalla de teléfono, mientras médicos y enfermeros reutilizaban mascarillas porque no había suficientes y mientras el país entero aceptaba confinamientos, ruinas económicas y restricciones inéditas en tiempos de paz bajo el argumento de salvar vidas, quien ocupaba una de las mayores parcelas de poder del Estado, según esa resolución judicial, participaba en una trama de corrupción vinculada precisamente al material sanitario que debía proteger a los ciudadanos. Hay imágenes que un país tarda décadas en olvidar. Esta será una de ellas.
Por eso me parecieron tan importantes las palabras de Eduardo Madina. No porque procedan de un adversario interno ni de un opositor político, sino porque las pronuncia alguien que pertenece a la misma tradición política que Ábalos. Y cuando afirma que esta condena demuestra que algo falló en la selección de las élites, que la transparencia y la ejemplaridad se desmoronaron precisamente en quienes llegaron al poder prometiendo regeneración, está describiendo algo mucho más grave que el destino judicial de un antiguo ministro. Está levantando el acta de defunción moral de un discurso político entero. Porque no estamos hablando de un concejal perdido en un municipio remoto ni de un cargo intermedio desconocido. Estamos hablando del hombre que durante años fue el dirigente más poderoso del PSOE después del presidente del Gobierno, secretario de Organización, ministro de Fomento, ministro de Transportes, portavoz político y uno de los rostros más visibles del sanchismo naciente.
Y aquí aparece la paradoja que convierte todo esto en una tragedia política de manual. Fue precisamente José Luis Ábalos quien defendió en el Congreso la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy bajo la bandera de la regeneración democrática. Aquella moción no se presentó únicamente contra un Ejecutivo; se presentó contra una manera de entender el poder. Se habló entonces de dignidad institucional, de ejemplaridad, de ética pública, de limpieza democrática y de la necesidad de expulsar la corrupción de las instituciones españolas. Aquellas palabras fueron pronunciadas con solemnidad casi religiosa, como si se estuviera inaugurando una nueva etapa de pureza republicana. ¡Quién lo diría! Los mismos que prometían fumigar la corrupción terminan contemplando cómo uno de los arquitectos de aquella operación política recibe la mayor condena impuesta jamás a un ministro de la democracia española.
La historia posee un sentido del humor extraordinariamente cruel. Porque la corrupción siempre resulta insoportable, pero alcanza un grado superior de obscenidad cuando se produce alrededor de aquello que debía salvar vidas humanas. No estamos hablando de una carretera, de una rotonda, de un pabellón deportivo o de una recalificación urbanística. Estamos hablando del momento en que España contaba cadáveres cada día, cuando el miedo era el idioma común de todos los hogares y cuando cualquier mascarilla podía significar la diferencia entre la protección y el contagio. Si existe un escenario donde la ejemplaridad debía ser absoluta era precisamente aquel. Y, sin embargo, es ahí donde, según la sentencia, se desarrolló una parte de la actividad delictiva.
Algunos intentarán reducir este episodio a la conducta individual de un hombre. Es la reacción habitual cuando un sistema enferma: aislar al paciente y fingir que el resto del organismo goza de perfecta salud. Pero las palabras de Madina apuntan precisamente a lo contrario. Hablan de un fallo en los mecanismos de selección, de control y de responsabilidad. Porque los dirigentes no aparecen por generación espontánea. Alguien los elige, alguien los promociona, alguien los protege y alguien deposita sobre ellos enormes cuotas de poder. La corrupción rara vez nace sola; suele crecer en ecosistemas donde la vigilancia desaparece y la obediencia se convierte en la principal virtud política.
Quizá por eso esta noticia produce una tristeza especial incluso entre quienes nunca votaron al Partido Socialista. Porque cada gran escándalo de corrupción erosiona algo más que a un partido: erosiona la confianza en las instituciones, alimenta el cinismo ciudadano y fortalece la idea de que los principios son simples herramientas electorales que se guardan en un cajón cuando se alcanza el poder. Y cuando eso ocurre, pierde la democracia mucho antes de que pierda unas elecciones un gobierno.
La corrupción nunca deja únicamente un agujero en las cuentas públicas. Deja otro mucho más profundo en la conciencia de un país. Y ese, por desgracia, tarda bastante más en cerrarse.
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