Redacción Pozuelo IN – El trágico accidente que dejó parapléjico a un trabajador en Pozuelo de Alarcón vuelve al primer plano después de que el diario El País publicara este jueves un extenso reportaje sobre el caso. La historia de Samir, un operario que sufrió una caída mientras limpiaba unos canalones en un centro municipal de mayores, ha reabierto un proceso judicial y también un debate sobre la responsabilidad institucional en materia de prevención laboral.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo, fuentes municipales han reiterado a Pozuelo IN su “más profundo pesar” por el accidente, y han recordado que el Consistorio “ha ayudado desde el primer momento al afectado y a su familia, facilitándoles una vivienda municipal adaptada a sus necesidades”. Sin embargo, subrayan que el trabajador “no formaba parte de la plantilla municipal, sino que pertenecía a una empresa contratista que presta servicios al Ayuntamiento”.

Según la versión del Consistorio, durante la instrucción judicial “la contrata acreditó que el trabajo asignado ese día no era en el centro de mayores donde se produjo el accidente, sino en otro edificio —un colegio— que cumplía con todas las medidas de seguridad requeridas”. La visita al centro de mayores, insisten, “se debió a un error de destino no ordenado por el Ayuntamiento”.

El edificio donde ocurrió el suceso, situado en Pozuelo Pueblo, había sido evaluado “a principios de 2024 por una consultora externa”, cuyo informe calificó la prevención de riesgos laborales como ‘excelente’. Además, señalan que los responsables municipales del centro “advirtieron unos días antes a la empresa adjudicataria de que no realizara ningún trabajo en altura si no podía garantizar la seguridad adecuada”.

Respecto a la ausencia de una “línea de vida” en la cubierta, elemento mencionado en un informe de 2022, las mismas fuentes matizan que “esa recomendación se refería a otra zona del edificio, destinada al acceso de los sistemas de climatización, completamente alejada del punto donde ocurrió la caída”. En cualquier caso, añaden, “de haberse seguido los protocolos establecidos —como el uso de una plataforma elevadora o un andamio— el accidente se habría evitado”.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la legislación vigente en materia de prevención de riesgos atribuye a la empresa contratista “la obligación de garantizar y proveer las medidas de seguridad a sus trabajadores”. El papel municipal, explican, “se limita a la coordinación y supervisión del contrato, algo que se cumplió mediante los técnicos municipales que alertaron previamente de los riesgos de esa tarea”.

“Por todo ello, el Ayuntamiento entiende que no tiene ninguna responsabilidad directa en este caso”, concluyen las fuentes municipales, que confirman que el Consistorio está defendiendo su posición tanto en el ámbito judicial como administrativo. “Respetaremos escrupulosamente lo que determinen los tribunales”, añaden.

Por último, el Ayuntamiento ha querido enviar un mensaje más humano y reflexivo: “Lamentamos profundamente lo sucedido, pero pedimos que no se utilice una desgracia personal para estigmatizar a la ciudad ni a sus vecinos. Ninguno de ellos tiene culpa de un accidente puntual ni de la renta per cápita de Pozuelo”, en alusión al titular de El País, que se refiere a Pozuelo como "la ciudad de los ricos".

El caso continúa en los tribunales. Mientras tanto, la ciudad, acostumbrada a los titulares sobre su prosperidad, mira de frente una historia que recuerda que el infortunio no distingue entre barrios ni estadísticas.