REDACCIÓN - El debate en torno al centro de inmigrantes ubicado en Pozuelo de Alarcón ha escalado este jueves al plano institucional con el respaldo explícito del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, a la decisión del Ayuntamiento de cerrar temporalmente las instalaciones. En declaraciones a los medios, el responsable autonómico no se ha limitado a mostrar apoyo, sino que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de tener “alergia a cumplir las leyes”.

García Martín ha asegurado que el Consistorio pozuelero “está aplicando la normativa” al actuar sobre un centro que, a su juicio, “no reúne las condiciones” necesarias para ser utilizado de forma permanente como instalación residencial. “No puede utilizarse de manera permanente para la acogida de inmigrantes y, en general, para ser un centro que pueda acoger a personas que pernoctan”, ha subrayado con firmeza.

El consejero ha insistido en que la competencia para establecer centros de acogida reside en la Administración General del Estado, pero ha defendido que los ayuntamientos madrileños están en su derecho de actuar si consideran que una instalación no cumple los requisitos exigibles. “Lo que hace el Ayuntamiento de Pozuelo es cumplir las normas y decirle a otra administración que no puede usar una instalación para un fin para el que no está prevista”, ha añadido, trazando así una línea clara entre competencias y obligaciones legales.

En un momento especialmente tenso en las relaciones entre administraciones, García Martín ha aprovechado para vincular esta situación con el recurso que la Comunidad ha presentado recientemente contra el decreto migratorio aprobado por el Ejecutivo central. Para él, no hay contradicción ni oportunidad política, sino un ejercicio paralelo y legítimo de competencias.

Pero el mensaje del consejero no se ha quedado en el caso de Pozuelo. García Martín ha pedido el “cierre inmediato” de los centros de acogida abiertos por el Gobierno en Carabanchel, Alcalá de Henares y el propio municipio pozuelero, a los que ha calificado como “macrocampamentos”. Según ha dicho, la única política migratoria del Estado se ha limitado a “repartir personas entre comunidades autónomas”, algo que ha considerado insuficiente y descoordinado.

Preguntado por la afirmación del delegado del Gobierno en Madrid, quien ha asegurado no haber recibido notificación alguna sobre el cierre, García Martín ha minimizado su relevancia. “No tiene por qué tener ningún conocimiento. A quien informa el Ayuntamiento es al titular de la instalación”, ha respondido, en un tono que deja entrever la falta de diálogo institucional en este asunto.

También ha aprovechado para lanzar una crítica más amplia al delegado del Gobierno, acusándolo de “enredar” en lugar de ofrecer soluciones reales y reclamándole un mayor compromiso con la seguridad en los municipios madrileños.

En cuanto a la situación de las personas alojadas en el centro de Pozuelo, García Martín ha recordado que es el Ejecutivo central quien debe asumir la responsabilidad de reubicarlas, ya que las competencias en política migratoria son estatales. “Ellos deben dar una solución”, ha afirmado, aunque ha mostrado cierta preocupación humanitaria por la presión que, según él, sufre el sistema: “Lo más importante es atajar el problema. Hay que frenar la situación para poder dar asistencia con calidad a quienes llegan”.

Para el consejero, España atraviesa un momento delicado en materia migratoria. “Nos están mirando con recelo desde Europa”, ha advertido, y ha reclamado al Gobierno que dialogue con sus socios comunitarios para controlar los flujos migratorios. En un cierre con claro tono político, García Martín ha asegurado que “hay un gobierno que no gobierna” y ha sugerido que, si no puede hacerlo, “debe dar un paso atrás y permitir a los ciudadanos elegir a otro”.

Mientras tanto, el cierre del centro en Pozuelo abre un nuevo frente en el ya complejo mapa de la gestión migratoria en la Comunidad de Madrid, un asunto que, lejos de enfriarse, parece llamado a seguir tensando las costuras entre administraciones.