Redacción Pozuelo IN - El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha trasladado hoy al juzgado de Madrid que el centro de inmigrantes gestionado por el Ejecutivo central en la ciudad presenta un “riesgo cierto de hacinamiento” y carece de licencia para la actividad que desarrolla.

El escrito forma parte de las alegaciones municipales contra las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Migraciones para frenar el cierre definitivo decretado por el consistorio, cuyo plazo expiró el pasado sábado.

Una ocupación que duplica lo autorizado

Según la documentación remitida al juez, el edificio donde se ubica el CREADE de Pozuelo solo dispone de licencia para 270 plazas de hospedaje temporal vinculadas a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sin embargo, el propio ministerio reconoce que actualmente se pueden alojar hasta 564 solicitantes de asilo, una cifra que, a juicio del Ayuntamiento, desborda claramente las condiciones autorizadas y compromete la seguridad y el cumplimiento normativo.

Cambios de uso sin nueva licencia

El consistorio recuerda que la licencia concedida en 2013 establece de forma expresa que cualquier modificación de la actividad o reforma sustancial exige una nueva autorización municipal, así como la comunicación de cambios de titularidad.

En sus alegaciones, el Ayuntamiento sostiene que estos requisitos no se han cumplido desde que el inmueble fue cedido a Migraciones en marzo de 2022 para una emergencia concreta —la derivada de la guerra de Ucrania— y convertido después, en septiembre de 2023, en un centro permanente y genérico.

Advertencias por el posible uso con menores

El escrito municipal añade que el Gobierno central llegó a plantear la posibilidad de utilizar estas instalaciones para acoger a menores inmigrantes no acompañados, una opción que no se materializó tras las advertencias trasladadas a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que ese tipo de atención requiere espacios y condiciones específicas que, según su criterio, no se dan en el CREADE de Pozuelo.

El pulso pasa ahora al ámbito judicial

Tras la presentación del recurso contencioso-administrativo por parte del ministerio y la solicitud de medidas cautelares, será ahora el juzgado quien decida si el centro puede seguir abierto mientras se resuelve el fondo del asunto.

El Ayuntamiento subraya que el retraso en los plazos se debió a que el recurso, presentado el 17 de noviembre, no llegó al consistorio hasta la víspera de Nochebuena, en pleno parón administrativo.

“Cumplir la ley, sin excepciones”

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha señalado que el conflicto evidencia una situación prolongada de irregularidad. “Cuanto más avanzamos para que el Gobierno cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que se pretende seguir incumpliéndola con decisiones temerarias”, afirmó.

Tejero añadió que el consistorio confía en la actuación de la Justicia y mantiene su determinación de llegar “hasta donde haga falta” para que se respeten las normas vigentes.