Redacción Pozuelo IN - Un juez de Madrid ha corregido al Gobierno de España en su enfrentamiento con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el Centro de Atención a Inmigrantes (CREADE) y ha dejado claro que, si el Ejecutivo quiere mantener abierta de forma definitiva la instalación, deberá presentar un nuevo recurso judicial contra la orden de cierre dictada por el Consistorio, según informa El Confidencial.

Así lo recoge un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº16 de Madrid, que subraya que la continuidad actual del centro es únicamente cautelar y no resuelve el fondo del conflicto entre ambas administraciones.

Un cierre decretado por el Ayuntamiento

El origen del conflicto se remonta a septiembre, cuando el Ayuntamiento decretó el cierre definitivo del centro, un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social con licencia para uso administrativo y capacidad máxima para 270 personas. Según datos del propio Ejecutivo, en aquel momento el inmueble albergaba más de 400 inmigrantes, entre familias ucranianas y personas de origen subsahariano.

El Consistorio dio entonces un plazo de cuatro meses para el cese de la actividad, al considerar que el uso residencial carecía de la licencia correspondiente.

Recurso tardío y suspensión provisional

Dos meses después, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó un recurso solicitando la paralización del cierre y medidas cautelares. En enero, el juez aceptó esa suspensión provisional, permitiendo que el centro siguiera funcionando mientras se analizaba el caso.

Actualmente, según la última comunicación del Gobierno, el CREADE alberga unas 70 personas, en su mayoría mujeres ucranianas con protección temporal, además de mujeres de otras nacionalidades con hijos a su cargo.

El aviso del juez al Ejecutivo

La clave del nuevo auto judicial está en la advertencia directa al Gobierno: la suspensión del cierre no es definitiva. El magistrado mantiene abierta la instalación de forma cautelar, pero recuerda que, si el Ejecutivo quiere consolidar esa situación, deberá impugnar de nuevo la orden municipal de cierre.

Fuentes jurídicas señalan que esta aclaración responde a las dudas planteadas tanto por la Abogacía del Estado como por los servicios jurídicos municipales sobre el alcance real de la primera resolución.

Un conflicto que puede complicarse aún más

El escenario ahora se vuelve más incierto. Si el Gobierno decide presentar un nuevo recurso, este podría recaer en otro juzgado distinto, abriendo un nuevo frente judicial y alargando un conflicto que ya mezcla factores administrativos, políticos y sociales.

Desde el Ministerio defienden que el centro fue cedido en 2022 para responder a emergencias humanitarias derivadas de conflictos internacionales y recuerdan que ha atendido a más de 100.000 personas desde su apertura. El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que el problema no es humanitario, sino urbanístico y legal.

Un pulso con más derivadas

El caso del CREADE se suma a otras tensiones entre el Gobierno central y administraciones del PP en materia migratoria, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde también planea el debate sobre la acogida de menores no acompañados y las recientes decisiones del Ejecutivo en política de regularización.

Por ahora, el mensaje judicial es claro: el centro sigue abierto, pero su futuro vuelve a estar en el aire.