REDACCIÓN - El Gobierno de España ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, solicitando además medidas cautelares, contra la orden del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que decretaba el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas del municipio.

Así lo han confirmado este jueves fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press, que han señalado que el Ejecutivo se encuentra ahora “a la espera de la resolución judicial”.

Un centro activo desde 2022

El CREADE de Pozuelo es un edificio cedido por el Ministerio de Seguridad Social a Migraciones en 2022, con el objetivo de atender la emergencia humanitaria provocada por distintos conflictos bélicos, entre ellos la guerra de Ucrania.

Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz defienden que el centro se ha convertido en “un referente” y que, en estos años, ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional o temporal, subrayando que hasta hace unos meses “no se había producido ningún problema con el Ayuntamiento”.

Actualmente, según los datos facilitados por el Gobierno, el centro mantiene una ocupación de 125 personas, en su mayoría mujeres ucranianas con protección temporal, algunas de ellas con hijos menores, así como mujeres de otras nacionalidades, principalmente latinoamericanas y afganas, también con menores a su cargo.

La postura del Ayuntamiento

Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha reafirmado la intención del Consistorio de hacer cumplir la orden de cierre y ha asegurado que utilizará “todos los cauces legales” para que esta se ejecute.

Tejero ha trasladado esta posición en una carta dirigida a la ministra Elma Saiz, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que solicita información detallada sobre la situación actual del CREADE. La misiva se produce después de que el Ministerio organizara recientemente un acto con motivo del Día del Migrante en el propio centro, pese a que el Ayuntamiento declaró su cese definitivo en septiembre, otorgando un plazo de cuatro meses para el realojo de las personas alojadas, plazo que vence el 17 de enero de 2026.

En la carta, la alcaldesa lamenta no haber sido invitada al acto institucional celebrado en el centro y reprocha al Gobierno no haber informado al Ayuntamiento sobre el estado del proceso de cierre.

Falta de título habilitante

Según recuerda el Consistorio, la resolución municipal ordena la clausura del CREADE “por no ajustarse a los correspondientes títulos habilitantes que pudieran amparar la actividad”. En dicho documento se concedía un plazo de quince días para solicitar la regularización administrativa y de cuatro meses para ejecutar el cierre definitivo.

“A día de hoy, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación ni comunicación respecto a planificación alguna para cumplir con la resolución, ni tampoco sobre medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento”, expone Tejero en la misiva.

Asimismo, la alcaldesa señala que el Consistorio no tenía constancia de la interposición de ningún recurso judicial, que, de haberse presentado, debería haberse registrado antes del 17 de noviembre, aunque sí constata que el centro continúa en funcionamiento.

Advertencia de acciones legales

Por todo ello, Tejero ha solicitado formalmente al Ministerio que informe de las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de la resolución municipal y el cese de la actividad del CREADE.

“Les queda un mes para ejecutar este cierre y el Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar quieto”, ha afirmado la alcaldesa en declaraciones remitidas a los medios. “Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para que esta orden se ejecute”.

La decisión final queda ahora en manos de la Justicia, que deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por el Gobierno y las medidas cautelares solicitadas.