REDACCIÓN - El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha advertido este jueves de que podría informar a la Fiscalía si el Gobierno central traslada a menores inmigrantes no acompañados al centro de recepción de personas migrantes ubicado en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre el que pesa una orden de cierre prevista para el próximo 17 de enero por carecer de licencia para dicha actividad.

La alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero, ha calificado esta posibilidad de “absoluta temeridad y tremenda irresponsabilidad”, y ha asegurado que el Consistorio no permanecerá pasivo ante una decisión que, a su juicio, supondría un incumplimiento grave de la normativa vigente. Según ha señalado, el centro se encuentra actualmente en situación irregular y alberga, según datos del propio Gobierno, a más de 125 personas, entre ellas familias con adultos y menores.

Tejero ha vinculado este anuncio al reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo que atribuye a la Administración General del Estado la competencia sobre los menores inmigrantes acogidos por la Comunidad de Madrid. En este contexto, la regidora ha acusado al Ejecutivo de actuar de forma precipitada y ha cuestionado la idoneidad del centro para acoger a menores no acompañados, especialmente teniendo en cuenta que carece de autorización y tiene fijado un plazo de clausura.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que en su momento se ofreció al Gobierno la posibilidad de regularizar la situación del centro y que se concedió un plazo de cuatro meses para reubicar a las personas que allí residen, un periodo que finaliza en enero. Según la alcaldesa, hasta ahora no se han adoptado medidas en ese sentido.

Por todo ello, Paloma Tejero ha insistido en que, si finalmente se produce el traslado de menores a este edificio, el Ayuntamiento pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía. “Que tenga claro el Gobierno que este Ayuntamiento no se va a quedar de brazos cruzados”, ha afirmado, subrayando que la prioridad municipal es garantizar el cumplimiento de la legalidad y la seguridad de las personas afectadas.