Redacción Pozuelo IN – El futuro del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón, con capacidad para 570 personas, queda en suspenso tras el recurso presentado por el Gobierno central contra la orden de cierre dictada por el Ayuntamiento.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha formalizado alegaciones y un recurso de reposición dentro del plazo legal, con el objetivo de evitar la clausura de las instalaciones, puestas en marcha en marzo de 2022 para dar respuesta urgente a la llegada de refugiados ucranianos tras la invasión rusa. Según datos de Accem, la ONG que gestiona el centro, en la actualidad se alojan 395 personas, de las cuales 178 son ucranianos, junto a solicitantes de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29).

El Ayuntamiento de Pozuelo, con el respaldo de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular, inició en julio un procedimiento administrativo para cerrar el centro, alegando que la licencia en vigor desde 2013 corresponde a un centro de formación con auditorio y garaje, y no a un recurso de acogida migratoria.

El choque institucional se agravó cuando trascendió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudiaba trasladar a Pozuelo a unos 400 menores migrantes llegados desde Canarias, una posibilidad rechazada tanto por el consistorio como por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Finalmente, el Ministerio reculó en ese plan, pero el procedimiento de cierre siguió adelante.

El Creade de Pozuelo fue el primero de los cuatro centros de este tipo en España (junto a Málaga, Barcelona y Torrevieja) y en un inicio garantizaba en menos de 24 horas la protección temporal a los desplazados, con permiso de residencia, trabajo y acceso a servicios sociales. Desde 2023 amplió su labor para acoger a solicitantes de asilo de otras nacionalidades, incluidos núcleos familiares con menores.

Ahora, el recurso del Gobierno abre un pulso administrativo y político en plena tensión entre Moncloa y la Comunidad de Madrid por la gestión de menores migrantes. Mientras el Ministerio de Inclusión defiende la necesidad de mantener operativo el centro para afrontar la presión migratoria, el Ayuntamiento insiste en que carece de amparo legal para seguir funcionando.

Fuentes municipales han asegurado que las alegaciones y el recurso presentados por el ministerio forman parte de la tramitación habitual de cualquier expediente como este y que no modifica en absoluto la decisión de cierre del centro, que no cuenta con la licencia correspondiente de uso, han recordado las mismas fuentes.