El precio de las 200 viviendas municipales de alquiler asequible ha vuelto a enfrentar al Partido Popular y al PSOE en el Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo. Los socialistas consideran excesivas unas rentas que oscilan entre 685 y 1.600 euros mensuales y han solicitado su reducción. El Gobierno municipal, por su parte, defiende que los precios están por debajo del mercado y asegura que el programa ha recibido más de 1.000 solicitudes en apenas dos semanas.

La propuesta socialista, rechazada en el Pleno del jueves, planteaba establecer alquileres máximos de 500 euros para viviendas de un dormitorio, 750 para las de dos y 1.000 para las de tres. También solicitaba reducir el límite de ingresos de acceso a 45.000 euros anuales, eliminar la condición que impide destinar más del 35% de los ingresos netos al alquiler y reservar parte de las viviendas a mayores de 40 años.

El portavoz socialista, Helio Cobaleda, calificó de «escándalo» que una vivienda pública pueda alcanzar los 1.600 euros mensuales y sostuvo que las condiciones actuales dificultan el acceso de los jóvenes con salarios más bajos.

El Ayuntamiento defiende los precios y los requisitos

En respuesta a las preguntas de Pozuelo IN, el Gobierno municipal señala que una vivienda de 50 metros cuadrados, con garaje, trastero y piscina, se ofrece desde 685 euros mensuales, frente a los más de 1.000 euros que estima para una superficie equivalente en el mercado libre.

Respecto a los alquileres de 1.600 euros, precisa que corresponden a un número reducido de viviendas de unos 130 metros cuadrados, tres dormitorios y servicios complementarios. Según el Ayuntamiento, la mayoría de los alquileres rondan los 1.000 euros mensuales.

El Ejecutivo local también defiende los límites de ingresos porque se aplican a la unidad familiar, no necesariamente a una persona individual. Añade que jóvenes o parejas con ingresos conjuntos de unos 24.000 euros anuales pueden optar a determinadas viviendas, siempre que cumplan los restantes requisitos económicos y de adjudicación.

Frente a la petición socialista de reducir las rentas, el Ayuntamiento considera que los precios propuestos comprometerían la viabilidad de las promociones desarrolladas por empresas privadas sobre suelo municipal.

Diferencias sobre las ayudas a la conciliación

El Pleno también rechazó una propuesta del PSOE para establecer ayudas vinculadas a la renta familiar destinadas a actividades extraescolares, servicios de Primeros del Cole y atención a menores con necesidades educativas especiales.

El Gobierno municipal responde que la Concejalía de Conciliación destina más de un millón de euros a programas y ayudas para las familias. Entre las medidas existentes cita actividades gratuitas en colegios públicos, campamentos durante las vacaciones escolares y subvenciones de entre 9.000 y 10.000 euros a las AMPAS.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, los campamentos Summer School han cubierto cerca de 2.000 plazas, de las cuales 55 han contado con bonificación completa para familias en situación de vulnerabilidad.

La diferencia entre ambas posiciones se centra en el modelo de ayudas: el PSOE reclama reforzar las prestaciones según la capacidad económica de las familias, mientras que el Gobierno municipal defiende mantener programas de acceso general, complementados con bonificaciones específicas.

Carlos Ruiz: el Ayuntamiento reconoce problemas con el pavimento y anuncia cambios

Otro asunto planteado por el PSOE fue la sustitución del suelo de la sala de fitness del polideportivo Carlos Ruiz, después de una intervención realizada el año pasado.

El Ayuntamiento reconoce que entonces se instalaron más de 500 metros cuadrados de pavimento de caucho, pero explica que el material se extendió a una superficie mayor de la necesaria y desprendía un olor intenso que provocó quejas de los usuarios.

Por este motivo, inicialmente se había previsto destinar 100.000 euros a sustituir parte del pavimento por tarima. Sin embargo, el Gobierno municipal señala que la próxima disponibilidad del nuevo polideportivo Carlos Ruiz, prevista en aproximadamente dos meses, ha llevado a replantear la actuación.

La solución anunciada consiste en trasladar el gimnasio a las nuevas instalaciones y destinar la sala actual íntegramente a actividad funcional, con un pavimento adecuado para ese uso.

El Ayuntamiento añade que está próximo a adjudicar un contrato de más de 700.000 euros para renovar la maquinaria del gimnasio en su nueva ubicación.

De este modo, el Pleno deja abiertas tres diferencias entre Gobierno y oposición: el alcance social del programa de vivienda pública, el modelo de ayudas a las familias y la gestión de las instalaciones deportivas municipales.