REDACCIÓN - Pozuelo de Alarcón ha dado un paso firme en el complejo pulso institucional sobre el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), situado en el municipio. El Consistorio ha declarado el cese definitivo de su actividad, tras analizar el recurso de reposición y las alegaciones presentadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La resolución, comunicada este lunes, pone fin a meses de tensión entre ambas administraciones. Sin embargo, el Ayuntamiento ha introducido un matiz que suaviza la aplicación inmediata del cierre: concede al Gobierno cuatro meses de plazo para realojar a los actuales residentes, un periodo que duplica el promedio de estancia habitual en este tipo de centros. Durante ese tiempo, la instalación no podrá acoger a nuevos residentes; de hacerlo, la clausura sería inmediata.

El origen del conflicto: una licencia de uso distinta

El enfrentamiento se remonta al pasado 30 de julio, cuando el Ayuntamiento notificó el cese cautelar del centro tras comprobar que funcionaba sin la licencia de actividad correspondiente. Según el Consistorio, el inmueble cuenta únicamente con un permiso de 2013 destinado a un centro de formación con auditorio y 150 habitaciones de alojamiento breve vinculadas a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Pese a ello, el Ministerio reconoció en sus alegaciones que desde el 1 de julio se venía autorizando la ocupación de hasta 564 plazas, muy por encima de lo permitido y con un uso radicalmente distinto: el de centro de acogida para solicitantes de asilo, incluyendo la previsión de recibir a 400 menores no acompañados.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha sido contundente:

“Se trata de un uso que nada tiene que ver con el autorizado y que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos meses, sin iniciar siquiera los trámites para regularizar la situación”, señaló.

Inspecciones frustradas y tensiones políticas

El Consistorio asegura que en la inspección del 29 de julio, sus técnicos no pudieron acceder al interior porque tanto la entidad gestora como el propio Ministerio denegaron la entrada. Aun así, el Gobierno reconoció posteriormente que más de 400 personas se encontraban alojadas en el centro, muchas en condiciones que el Ayuntamiento considera inadecuadas.

El punto clave, subraya el Consistorio, es que el Ministerio no ha respondido al motivo principal de la orden de cierre: la actividad de acogida no cuenta con autorización municipal y constituye por sí sola causa suficiente para la clausura.

Qué ocurrirá a partir de ahora

La resolución del Ayuntamiento marca un calendario claro:

• Plazo de cuatro meses para reubicar a los residentes actuales.
• Prohibición de acoger nuevos usuarios en ese tiempo.
• Posible cierre inmediato en caso de incumplimiento.
• Mientras tanto, la instalación queda en una situación de uso limitado y vigilado.

El CREADE de Pozuelo fue inaugurado en marzo de 2022 como respuesta a la llegada masiva de refugiados de la guerra en Ucrania, convirtiéndose en el primero de su tipo en España. Desde entonces, su actividad se ha ampliado a solicitantes de asilo de diferentes países, lo que ha generado fricciones entre el Ejecutivo central y las autoridades locales y autonómicas.

Una decisión que abre un nuevo capítulo

Con esta resolución, el Ayuntamiento de Pozuelo da por cerrado el debate administrativo en el ámbito local, pero el pulso podría continuar en instancias judiciales si el Gobierno decide recurrir de nuevo.

Mientras tanto, el futuro de más de 400 personas —en su mayoría refugiados y solicitantes de asilo— queda pendiente de la capacidad del Ministerio para encontrar soluciones de realojo en un margen de cuatro meses.