Redacción Pozuelo IN – En el interior del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón reina estos días un ambiente de incertidumbre. Las cámaras de televisión y el eco mediático de las últimas semanas han sacudido la aparente tranquilidad de los casi 400 solicitantes de protección internacional que hoy residen en el centro, muchos de ellos familias con menores que llegaron buscando refugio.

La noticia de que el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de cese cautelar de la actividad por supuesta falta de licencia urbanística adecuada ha generado una inquietud palpable entre los usuarios del centro, según han informado fuentes de Accem, la ONG que gestiona las instalaciones bajo la tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una respuesta humanitaria que ahora se cuestiona

El CREADE de Pozuelo fue el primero de su tipo que puso en marcha el Gobierno de España en marzo de 2022, como respuesta urgente a la crisis humanitaria provocada por la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, ha servido como punto de primera acogida y tramitación para personas desplazadas por conflictos, y, desde 2023, ha ampliado su cobertura a solicitantes de asilo de otras nacionalidades.

Actualmente, de las 560 plazas disponibles, están ocupadas 395, y 178 de ellas corresponden a ciudadanos ucranianos. Le siguen personas procedentes de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29), entre otras nacionalidades. Todos ellos están a la espera de avanzar en su procedimiento de protección internacional.

Sin desalojo inmediato, pero con el futuro en el aire

Desde Accem aseguran que han transmitido a los usuarios un mensaje de calma. Aunque el Ayuntamiento haya notificado el inicio del cierre cautelar, no está previsto un desalojo inmediato, según información trasladada por el Ministerio. No obstante, la inquietud se mantiene, especialmente entre aquellos que han experimentado largos y complejos viajes hasta llegar a España en busca de seguridad.

La posible llegada de 400 menores no acompañados procedentes de Canarias, también solicitantes de asilo, fue el detonante de esta polémica. Aunque el Gobierno asegura que Pozuelo era solo una de varias opciones en estudio para su reubicación, y que nunca se había cerrado esa decisión, la simple posibilidad reavivó tensiones políticas entre administraciones.

Entre el respaldo vecinal y la tensión política

Cuando el centro abrió sus puertas en 2022, la respuesta de los vecinos de Pozuelo fue, según fuentes de la ONG, “un apoyo gigante”. Con el tiempo, esa actitud se ha ido tornando más neutral, sin muestras destacadas de rechazo. Sin embargo, la creciente exposición mediática y las posturas políticas enfrentadas han tensado el ambiente.

Desde el Consistorio, se insiste en que el inmueble carece de licencia de uso residencial, al estar catalogado como dotacional con uso terciario. El Ministerio, por su parte, recuerda que el CREADE ha sido un recurso clave para gestionar con agilidad la protección temporal y humanitaria, ofreciendo residencia, asistencia social y trabajo legal a quienes huyen de contextos de violencia o guerra.

Una decisión aún abierta

Mientras tanto, las administraciones siguen cruzando comunicados. El Gobierno trabaja con varias entidades para encontrar ubicaciones alternativas en la península para iniciar en breve los traslados de menores desde Canarias. La ONG Engloba ya está realizando evaluaciones individualizadas a los menores que han manifestado su deseo de ser trasladados.

Aunque el foco esté ahora en Pozuelo, la situación podría reproducirse en otros municipios. Lo que está en juego no es solo una cuestión administrativa, sino la capacidad de una sociedad para responder de forma ordenada, eficaz y humana a una realidad migratoria cada vez más compleja.

Y mientras se resuelve el futuro legal del CREADE, casi 400 personas siguen allí, esperando. Con dignidad, con incertidumbre. Y con la esperanza de que, más allá de las licencias, haya un espacio donde poder empezar de nuevo.