Redacción Pozuelo IN – La tensión política en torno al cierre del centro de migrantes de Pozuelo de Alarcón se recrudece. Después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acusara al Consistorio de actuar por motivos raciales, el Ayuntamiento ha respondido con firmeza instándole a “informarse antes de descalificar” y recordándole que las instalaciones del CREADE no cumplían la normativa municipal vigente.

Martín había asegurado que el cierre se debía a que los migrantes previstos para el centro “tienen otro color de piel” y anunció que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emprendería acciones judiciales. Una declaración que desde el municipio califican de “impropia de un responsable público” y que, según sostienen, se desmonta por sí sola: “en estas instalaciones ya residían desde hace años personas de estas mismas nacionalidades y color de piel”.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la decisión de decretar el cese definitivo de la actividad del CREADE se debe exclusivamente a cuestiones legales y técnicas. Según fuentes municipales, el Ministerio había recibido la notificación oficial del cierre dos días antes de las declaraciones del delegado. Además, recuerdan que el Ejecutivo central tuvo hasta finales de agosto para solicitar la licencia pertinente, un trámite que no se realizó “probablemente porque eran conscientes de que el centro no reúne las condiciones”.

El Consistorio insiste en que la licencia de origen autorizaba únicamente un uso formativo y de hospedaje para 90 habitaciones, mientras que el Gobierno pretendía alojar allí a cerca de 600 personas. “La pregunta que deben responder es cómo pensaban encajar a cientos de personas en unas instalaciones concebidas para otro fin y sin licencia de funcionamiento”, plantean.

El Ayuntamiento decretó el lunes el cierre definitivo del centro, otorgando un plazo de cuatro meses para el realojo de los actuales residentes –más de 400 según los últimos datos del propio Ministerio–, con el fin de evitar un desalojo inmediato y garantizar cierta seguridad a las familias afectadas. Durante este periodo, no se permitirá el ingreso de nuevos residentes.

La controversia ha situado a Pozuelo en el centro del debate político y social sobre la gestión migratoria. Mientras el Gobierno central defiende la necesidad de mantener abierto el CREADE para aliviar la presión en Canarias, el Ayuntamiento pozuelero sostiene que la responsabilidad de la acogida recae en el Estado y que las instalaciones de la localidad no son adecuadas ni legales para ese uso.

El cruce de declaraciones deja abierto un nuevo frente entre administraciones, con el foco puesto en la seguridad jurídica, la capacidad de acogida y el respeto a los vecinos y residentes del centro.