Redacción Pozuelo IN - El cierre cautelar del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón ha derivado en un nuevo frente político entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño. La decisión del Ayuntamiento de ordenar la suspensión de la actividad del centro por no disponer de la licencia de uso residencial necesaria, ha provocado una fuerte reacción desde Moncloa. Pero también una contundente respuesta desde la Puerta del Sol.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha rechazado de forma tajante las críticas vertidas por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien acusó al consistorio de actuar con “racismo preventivo”. “Es repugnante que se utilicen esos términos para descalificar una actuación basada en hechos objetivos y en el cumplimiento de la legalidad”, ha manifestado Matute ante los medios.

Una decisión técnica en medio de una tormenta política

El foco del conflicto se encuentra en la falta de licencia urbanística del centro, reabierto tras la guerra en Ucrania y cuya función se ha mantenido para la acogida de personas migrantes, principalmente solicitantes de asilo. Según informó el Ayuntamiento tras una inspección municipal, el CREADE no cuenta con permiso para albergar residentes de forma permanente, ya que la parcela tiene un uso terciario y su licencia original es para un espacio formativo u hotelero.

El consistorio denunció que el centro ya se encontraba al 83% de su capacidad, y que el Gobierno central pretendía trasladar a 400 menores no acompañados adicionales, sin previa comunicación ni coordinación institucional. El Ayuntamiento notificó entonces el cese cautelar de la actividad, abriendo un plazo de 15 días para alegaciones, aunque considera que la actividad no puede continuar bajo el marco legal actual.

La Comunidad respalda al Ayuntamiento

Desde la Comunidad de Madrid, Matute ha respaldado la decisión municipal subrayando que el centro fue concebido, al igual que otros en Carabanchel y Alcalá de Henares, como un recurso temporal y excepcional, pero su uso se ha mantenido de forma estructural y sin adaptación a la normativa vigente. “No se puede convertir un dispositivo de emergencia en una solución permanente sin cumplir los requisitos legales”, ha afirmado.

Además, la consejera ha cargado contra la gestión migratoria del Ejecutivo central, al que acusa de improvisación, opacidad y falta de previsión. En sus palabras, “esta política deja a los inmigrantes en manos de mafias, sin un plan claro, generando problemas para ellos y para las comunidades que deben acogerlos”.

El choque de modelos

Mientras desde el Gobierno se denuncia un presunto bloqueo por parte del Ayuntamiento de Pozuelo —interpretado por algunos sectores como una estrategia ideológica contra la solidaridad migratoria—, desde la administración local y regional se insiste en que el centro no cumple las condiciones legales mínimas y que la actuación responde a un imperativo técnico y urbanístico.

El caso del CREADE de Pozuelo se convierte así en símbolo de un choque más amplio de modelos sobre cómo abordar la migración: desde la acogida temporal y descentralizada que propone el Gobierno, hasta la exigencia de control, legalidad y capacidad previa que reclaman PP y VOX desde la Comunidad de Madrid y municipios como Pozuelo.

Por el momento, la actividad del centro continúa, aunque la orden de cierre sigue su curso administrativo. La tensión institucional no parece resolverse en el corto plazo. Y el futuro del centro —y de los cientos de personas que dependen de él— queda, por ahora, atrapado entre dos visiones opuestas.