REDACCIÓN — El Gobierno de la Comunidad de Madrid interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo por el Consejo de Ministros, que modifica los criterios de distribución de menores extranjeros no acompañados (MENAS). La Abogacía General de la región, siguiendo instrucciones del Consejo de Gobierno, alega que la norma invade competencias autonómicas en materia de protección de menores, garantizadas estatutariamente, y viola principios constitucionales como la solidaridad interterritorial y la autonomía financiera.

Según el informe jurídico regional, el decreto —impulsado sin consultar a las comunidades autónomas— establece un sistema de cuotas "subjetivo" que prioriza criterios demográficos sobre el interés superior del menor, además de no garantizar fondos suficientes para su acogida. «Madrid ya ha atendido a 10.618 menores desde 2019, incluidos 937 en 2025. Exigimos respeto a nuestra capacidad de gestión y recursos acordes», señaló un portavoz del Ejecutivo regional, que también critica el uso "improcedente" de un real decreto-ley para una reforma que, según ellos, requiere Ley Orgánica por afectar derechos fundamentales.

El conflicto tiene implicaciones directas para municipios como Pozuelo de Alarcón, donde el Centro de Acogida a Refugiados (CAR) podría afrontar presiones adicionales si se aplican las nuevas ratios. Aunque el texto no detalla cifras por localidades, organizaciones sociales advierten de la saturación histórica de estos recursos, especialmente en zonas con alta demanda migratoria.

La Comunidad sostiene además que el decreto incumple los artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución, al no justificar la "extraordinaria urgencia" requerida para eludir el trámite parlamentario. «El problema lleva ocho años existiendo. No es una emergencia, sino una gestión errónea», afirmaron fuentes regionales, que también denuncian falta de "lealtad institucional".