Redacción Pozuelo IN — La Comunidad de Madrid se prepara para acoger a 647 menores migrantes no acompañados, convirtiéndose en la segunda región con mayor número de traslados dentro del plan de reubicación impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia. La medida, que afecta a casi 4.000 menores en toda España, busca responder a la situación de sobreocupación que se vive desde hace meses en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El reparto se articula bajo una fórmula de “solidaridad equitativa”, según el Ejecutivo central, y tiene en cuenta la capacidad de acogida ordinaria de cada comunidad y el esfuerzo previo realizado. Así, Madrid recibirá más de 15 millones de euros para afrontar los gastos derivados del alojamiento, la protección y la escolarización de estos menores.

Por detrás de Andalucía —que asumirá la acogida de 677 menores y recibirá más de 24 millones de euros—, Madrid lidera el compromiso, seguida de la Comunitat Valenciana, con 571 menores. En el lado opuesto se sitúan comunidades como el País Vasco, que no acogerá a ninguno, o Cataluña, que ha ofrecido plazas para solo 31 menores, al considerar que ya ha cumplido cupos en años anteriores.

Según el informe remitido por el Ministerio a las consejerías autonómicas, Madrid dispone de una capacidad ordinaria de acogida de 2.325 menores, calculada en función de su población y de la carga soportada por el sistema de protección en todo el país.

Críticas del Gobierno regional

El Gobierno regional ha mostrado su desacuerdo con el reparto, tanto en la forma como en el fondo. Desde la Puerta del Sol insisten en que los criterios son “subjetivos y arbitrarios” y denuncian que se haya tramitado como medida de urgencia sin margen suficiente para la planificación. Fuentes del Ejecutivo autonómico insisten en que se trata de un “salvamento político del sanchismo” y que se deja a Madrid —una vez más— con la mayor carga de responsabilidad.

La presidenta regional ya se ha manifestado en varias ocasiones para exigir al Estado una mayor coordinación, más recursos y la implicación directa de todas las administraciones afectadas, incluidas las entidades locales.

Un reparto para aliviar la saturación

La reubicación de estos menores forma parte de una respuesta de emergencia para descongestionar la red de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla, cuyas capacidades llevan tiempo superadas. En total, el plan prevé trasladar a 3.975 menores durante el próximo año. Canarias derivará a 3.355, Ceuta a 445 y Melilla a 175.

El Real Decreto-ley 2/2025 fija un plazo de un año para completar estos traslados. Mientras tanto, en municipios como Pozuelo de Alarcón, la noticia ha levantado inquietud tras conocerse que su centro CREADE, habilitado originalmente para refugiados ucranianos, acogerá 400 de estos menores.

Un reto colectivo

El reto no es menor: garantizar que cada uno de estos menores encuentre un espacio seguro, con atención psicológica, escolarización adecuada y recursos para su integración. Un desafío que vuelve a poner sobre la mesa la eterna tensión entre la solidaridad interterritorial y la planificación real de los recursos.

Con los primeros traslados previstos para las próximas semanas, la Comunidad de Madrid espera ahora una coordinación eficaz para dar respuesta a un asunto que mezcla gestión migratoria, infancia y, sobre todo, la responsabilidad compartida de un país entero.