Redacción Pozuelo IN — El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, no dejó ayer lugar a dudas: la Comunidad de Madrid no aceptará el traslado de 400 menores migrantes no acompañados a Pozuelo de Alarcón tal y como planea el Gobierno central. Y lo hizo con palabras contundentes. “Una deslealtad institucional de tamaño monumental”, sentenció en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde cargó con dureza contra la gestión de Moncloa.

Según García Martín, el supuesto plan para reubicar a estos menores —desde Canarias hasta municipios del interior peninsular— no se ajusta a derecho porque, recordó, la competencia de protección de menores recae en exclusiva sobre las comunidades autónomas. Y sin su consentimiento expreso, advirtió, el traslado “no se va a poder producir”.

“Ni el Gobierno de Canarias ni el Gobierno central nos han hecho llegar petición alguna”, reprochó el portavoz, visiblemente molesto, subrayando que la Comunidad se enteró por la prensa de un movimiento que afecta de lleno a la planificación de los servicios sociales y educativos.

“No se puede improvisar algo así sin coordinación y sin escuchar a quien debe garantizar que estos menores reciban la atención adecuada”, insistió García Martín. Sus palabras resonaron con fuerza en Pozuelo, municipio que estos días se encuentra en el centro del debate por el futuro del CREADE —un centro creado en 2022 como recurso de emergencia para refugiados ucranianos—, y que hoy podría reabrirse para acoger a cientos de menores migrantes.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene que no se opone a la solidaridad, pero sí a lo que califican de gestión “desordenada” que no resuelve el fondo de la cuestión: el control de fronteras. “España es hoy uno de los países con las fronteras más permeables de la UE”, denunció García Martín, lamentando que “solo se habla de repartir” sin plantear soluciones de fondo para atajar la llegada irregular de personas, especialmente menores no acompañados.

A falta de comunicación oficial, la Comunidad reitera que no puede ni aceptar ni rechazar un traslado del que oficialmente no sabe nada más que lo publicado en los medios. Eso sí, el mensaje es claro: sin planificación, sin recursos claros y sin consenso, Madrid no dará el visto bueno.

Mientras tanto, en Pozuelo la polémica ha encendido un debate ciudadano. Muchos vecinos se preguntan qué pasará con el CREADE, qué impacto tendría recibir a cientos de menores sin medios suficientes y cómo afectaría a los servicios locales. La alcaldesa, Paloma Tejero, ya exigió explicaciones directas al Ministerio y pidió garantías para que cualquier decisión cuente con respaldo técnico, recursos y diálogo institucional.

De momento, el reloj corre. Y la comunidad, el Ayuntamiento y los vecinos esperan respuestas claras y soluciones reales para un asunto que toca de lleno la convivencia y la capacidad de acogida de uno de los municipios con más renta de España.