REDACCIÓN - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y reforzará las medidas contra las plataformas que no eliminen contenidos de odio o ilegales. Las iniciativas serán aprobadas la próxima semana en el Consejo de Ministros, según avanzó el propio jefe del Ejecutivo.

Sánchez realizó este anuncio durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái, donde defendió la necesidad de obligar a las plataformas digitales a implantar sistemas efectivos de verificación de edad y a colaborar con las autoridades en la retirada de contenidos ilícitos.

El plan gubernamental incluye además la creación de un sistema de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” para identificar la difusión de mensajes de odio, así como el desarrollo de una “Huella de Odio y Polarización” que permita analizar este tipo de contenidos en el entorno digital. El presidente también señaló que el Gobierno trabajará con la Fiscalía para estudiar posibles infracciones legales de empresas como TikTok, Instagram o X, en relación con la gestión de estos contenidos.

Un anuncio en un contexto político delicado

El anuncio se produce en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo, cuando la imagen del presidente del Gobierno en redes sociales se ha visto seriamente deteriorada por los casos de corrupción que afectan al entorno de Ferraz y Moncloa, así como por la tragedia de los 47 fallecidos en accidentes ferroviarios registrados durante el mes de enero.

Este contexto ha llevado a que el anuncio sea interpretado por distintos sectores como una iniciativa que, más allá de su objetivo declarado de protección de los menores, irrumpe en un escenario de fuerte desgaste político y social para el Gobierno.

Debate abierto sobre la libertad de expresión

Junto al respaldo que despierta la protección de los menores en el entorno digital, las medidas anunciadas también han abierto un debate sobre sus posibles efectos colaterales. Diversas voces advierten de que un sistema de control y rastreo del contenido digital podría convertirse en una herramienta sensible y potencialmente problemática si no se aplican garantías claras y límites estrictos.

En este sentido, se señala que una regulación mal definida o aplicada sin suficientes contrapesos podría afectar al ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en lo relativo a la interpretación de qué contenidos son considerados “de odio” o “ilegales”.

El Gobierno no ha detallado aún cómo se articularán estas garantías ni los mecanismos de supervisión, cuestiones que previsiblemente centrarán el debate político y jurídico en las próximas semanas, una vez el paquete de medidas llegue al Consejo de Ministros y se conozca su desarrollo normativo.