Redacción Pozuelo IN - El centro de acogida de Pozuelo de Alarcón vuelve a situarse en el centro del debate político y social. El Gobierno central ha confirmado su decisión de mantener habilitadas 400 plazas para menores solicitantes de asilo en este municipio madrileño, como parte de un reparto estatal que contempla también otras 350 plazas en distintos puntos de la Península. La previsión es que estos traslados se inicien a partir del mes de agosto, una vez se formalicen los expedientes individualizados de cada menor.

La medida se enmarca en la estrategia nacional para el traslado y atención de menores migrantes no acompañados, en respuesta a la presión que viven comunidades como Canarias. Desde el Ministerio de Política Territorial se ha señalado que el dispositivo en la isla, conocido como “Canarias 50”, alcanzará su capacidad máxima en los primeros días de agosto, y que será entonces cuando se derive parte de los menores a recursos situados en la península.

Entre ellos, el centro de Pozuelo, que ya acoge a refugiados de diferentes nacionalidades, incluidos familias ucranianas aún escolarizadas en el municipio. La previsión ha sido recibida con rechazo frontal por parte del Ayuntamiento, que en días pasados aprobó una moción urgente solicitando al Gobierno la paralización inmediata del traslado y la información oficial sobre el uso previsto del recurso.

Críticas cruzadas y clima político enrarecido

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha calificado la medida como “una decisión temeraria fruto de una política migratoria descontrolada”, y ha denunciado que el centro "no reúne las condiciones necesarias para acoger a más personas", estando ya al 80% de su capacidad.

Frente a esta postura, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reprochado al Partido Popular su "bloqueo" en la política de acogida y su supuesta sintonía con los discursos de VOX. “No he recibido ni una sola propuesta por parte del PP. Sólo bloqueo y resistencias”, ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press. Rego ha defendido que el reparto es legal, necesario y está amparado por las obligaciones internacionales y nacionales en materia de protección de menores.

Además, ha recordado que la reciente suspensión de la conferencia sectorial de Infancia fue consecuencia de la falta de participación de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, lo que impidió el quórum necesario para avanzar en la coordinación interterritorial.

Un debate que trasciende Pozuelo

La polémica ha despertado reacciones también en municipios vecinos. Desde Majadahonda, el grupo municipal de VOX ha mostrado su preocupación advirtiendo que “lo que hoy pasa en Pozuelo, mañana puede llegar aquí”. El debate se amplifica en un contexto en el que el Gobierno prevé el traslado de casi 4.000 menores migrantes a diferentes regiones a partir del 28 de agosto.

Mientras tanto, en Pozuelo, el clima social es de inquietud, con vecinos y responsables municipales reclamando certezas, y con la gestión de la convivencia en el centro como uno de los grandes retos para los próximos meses. Una realidad compleja que exige —como han señalado distintas voces— diálogo, responsabilidad compartida y altura institucional.

Todo ello, en un municipio que históricamente ha sido calificado como uno de los más seguros y tranquilos de la Comunidad de Madrid, pero que ahora se ve interpelado ante una encrucijada nacional: cómo acoger, cómo proteger y cómo convivir.