REDACCIÓN – El centro de migrantes ubicado en Pozuelo de Alarcón, cuya actividad ha sido suspendida de forma cautelar por el Ayuntamiento al no contar con licencia de uso residencial, ha dejado de estar en la primera línea del plan del Gobierno central para acoger a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han aclarado que el uso de las instalaciones de Pozuelo nunca se cerró como definitivo, sino que fue una de varias alternativas planteadas "hace semanas" en el marco del plan estatal para crear 1.200 nuevas plazas de acogida para solicitantes de asilo menores de edad. De hecho, según estas mismas fuentes, el Gobierno está trabajando actualmente con las principales entidades que gestionan recursos para menores para concretar otras ubicaciones en la península que permitan comenzar los primeros traslados "con plenas garantías".

Derivaciones en marcha desde Canarias

Mientras tanto, el plan de traslados ya ha comenzado: el martes y el viernes de la semana pasada se efectuaron los dos primeros envíos desde Canarias, con 80 menores trasladados a centros gestionados por el Estado, según ha confirmado el Ministerio. Entre las instalaciones receptoras figura el centro Canarias 50, en Las Palmas, donde ya han comenzado a concentrarse algunos de los menores candidatos a salir hacia la península.

En paralelo, la entidad Engloba, colaboradora del Estado en las islas, continúa realizando valoraciones individualizadas de los menores que han mostrado disposición a ser trasladados. Este proceso es considerado por el Ministerio como "clave" para poder derivarlos en condiciones óptimas y ajustadas a su perfil personal.

Plazas limitadas y traslados en grupos reducidos

El plan contempla que los traslados se realicen en grupos pequeños, de no más de 30 o 40 menores, tal como detalló recientemente la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. Según explicó, la experiencia vital de cada menor requiere un enfoque cuidadoso que tenga en cuenta su historia, su grado de vulnerabilidad y sus necesidades específicas.

"Nos estamos tomando el tiempo necesario para acertar no solo en el cuándo, sino también en el cómo y con quién se deriva a cada menor", afirmó Cancela, quien insistió en que el bienestar de estos jóvenes y su integración es prioritaria.

El Ejecutivo prevé mantener reuniones semanales durante el mes de agosto con las comunidades autónomas, entidades del tercer sector y equipos técnicos, para coordinar los procesos y asegurar que los traslados —que se harán preferentemente los martes y viernes— se desarrollen de forma progresiva y ordenada.

El cierre de Pozuelo, en manos del Gobierno

La medida del Ayuntamiento de Pozuelo de ordenar el cese cautelar del centro CREADE, argumentando la falta de licencia de uso residencial, ha desencadenado un aluvión de reacciones políticas. Desde el Gobierno se asegura que la actividad en ese espacio no formaba parte del operativo inmediato, aunque su inclusión inicial como opción ha sido motivo de controversia local.

El futuro del centro ahora depende de la resolución del expediente urbanístico abierto por el consistorio, que notificó a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la entidad gestora la necesidad de detener de inmediato su actividad.

Por el momento, la hoja de ruta del Ministerio se mantiene firme: garantizar el acogimiento de los menores con las condiciones adecuadas, y hacerlo de la mano de entidades especializadas, con planificación, y cuidando los tiempos. Aunque el caso de Pozuelo haya sido, por ahora, descartado como opción, el reto de acoger a los menores no acompañados sigue sobre la mesa. Y el margen de actuación —según confirmaron fuentes oficiales— es de dos semanas.