Redacción Pozuelo IN – El enfrentamiento político en torno al cierre definitivo del CREADE de Pozuelo de Alarcón volvió a subir de tono este jueves. La alcaldesa, Paloma Tejero (PP), ha replicado con dureza a las palabras del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien en una entrevista en Onda Cero calificó de “racista” la decisión del Ayuntamiento de dar un plazo de cuatro meses al Gobierno central antes de clausurar las instalaciones.

En el CREADE residen actualmente más de 400 solicitantes de asilo, y el Ejecutivo tiene previsto trasladar allí a nuevos menores inmigrantes no acompañados. Sin embargo, el consistorio insiste en que el complejo solo dispone de licencia para 150 habitaciones destinadas a formación de la Seguridad Social, y no para el uso que se le está dando como centro de acogida.

La réplica de la alcaldesa

Tejero rechazó de plano las acusaciones de Torres y pidió al ministro “dejar de insultar con el mismo mantra simplón de siempre”. Según la regidora, “lo que es racista de verdad es mantener a cientos de personas viviendo en un espacio sin licencia y, por tanto, sin las condiciones necesarias”.

La alcaldesa fue más allá y lanzó una pregunta directa al titular de Política Territorial: “¿Llevaría él a sus hijos a un colegio o a sus mayores a una residencia sin licencia? Porque eso es exactamente lo que está haciendo su Gobierno al no regularizar este centro en todo el tiempo en que ha podido hacerlo”.

El debate sobre la legalidad y la capacidad del centro

El Ayuntamiento defiende que la decisión de cerrar el CREADE responde únicamente a cuestiones de normativa urbanística y de seguridad, y no a razones discriminatorias, como ha sugerido el Gobierno. En este sentido, el Consistorio recuerda que la autorización municipal nunca se solicitó ni se concedió, a pesar de que el ministerio tuvo margen suficiente para hacerlo.

Mientras tanto, el Ejecutivo central mantiene que la clausura del centro podría vulnerar derechos fundamentales y ha anunciado medidas judiciales contra el Ayuntamiento.

Un asunto de alta tensión política

El futuro del CREADE de Pozuelo se ha convertido en un nuevo foco de enfrentamiento institucional entre el Gobierno central y el municipal. Por un lado, el Ayuntamiento insiste en que vela por el cumplimiento de la ley y por la seguridad de los residentes. Por otro, desde el Ejecutivo se denuncia que la medida responde a una actitud de rechazo hacia los migrantes.

En medio de este cruce de acusaciones, más de 400 personas permanecen alojadas en las instalaciones, a la espera de que se aclare el destino definitivo del centro y, sobre todo, su situación legal.