El problema de este Gobierno no es la tecnología, ni los menores, ni las redes sociales, aunque las utilice como coartada. El problema es el viejo, persistente y malsano impulso censor, ese reflejo autoritario que aparece siempre que el poder pierde prestigio, credibilidad o control del relato. Cuando el Gobierno se ve acorralado por su propia imagen, aprieta el bozal. Y lo llama protección.

Pedro Sánchez anuncia la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años en plena crisis política, comunicativa y moral del Ejecutivo, y de paso promete mano dura contra las plataformas que no retiren “contenidos de odio o ilegales”. Todo muy higiénico, muy paternal, muy de médico de cabecera del Estado. Pero conviene hacerse la pregunta incómoda, la pregunta prohibida:

¿quién demonios decide qué es odio y qué no lo es?

Porque el odio, hoy, es un concepto elástico, inflamable y peligrosamente administrativo. Odio puede ser un insulto, una opinión, una ironía, un chiste, una discrepancia o una verdad inoportuna. Odio es todo aquello que molesta al poder cuando está nervioso. Y este poder lo está.

Esto no huele a protección del menor. Huele a desinfectante ideológico, a cuarentena del pensamiento, a cordón sanitario del discurso público. Se empieza “por los niños” —siempre se empieza por los niños— y se acaba vigilando a los adultos. Es el mismo método que la historia conoce bien: primero se protege, luego se regula, después se castiga y finalmente se prohíbe.

Mientras tanto, desde Majadahonda, la alcaldesa Lola Moreno valora “positivamente” la limitación de redes a menores y subraya que fue “una propuesta del Partido Popular”. Aquí el lector tiene derecho a elegir entre dos diagnósticos, ambos inquietantes.

Primera posibilidad: esto demuestra que PSOE y PP, esas dos grandes empresas demoscópicas que cotizan a diario en el CIS de Tezanos, comparten más anhelos de control de los que confiesan en campaña. Distintas siglas, mismo reflejo: regular la palabra ajena cuando la propia ya no convence.

Segunda posibilidad: que al Partido Popular le estén colando, bajo cuerda y con sonrisa institucional, el paquete completo: la limitación a menores —vendible, amable, fotogénica— junto con las medidas contra las plataformas que no eliminen contenidos “problemáticos”, es decir, la censura con corbata, como ya les han hecho tragar otras veces con otros asuntos. Y aquí surge la duda existencial: no saber qué es peor, ser malo o ser inútil.

Porque prohibir redes no educa, censurar no protege y vigilar no sustituye a la responsabilidad familiar ni al criterio personal. Lo que sí hace es acostumbrar al ciudadano a que el Estado piense por él, decida por él y filtre por él. Una sociedad infantilizada es una sociedad dócil. Y una sociedad dócil es el sueño húmedo de cualquier poder con complejo de tutor moral.

Ya hemos visto este fenómeno antes. En la cultura, en el humor, en la ficción, en el lenguaje. Primero se persigue el “discurso de odio”. Luego desaparece la ironía. Después el chiste. Más tarde la crítica. Y al final solo queda el boletín oficial y el aplauso reglamentario. El mismo proceso, la misma enfermedad, distinto órgano afectado.

Nos dicen que es por el bien común. Siempre es por el bien común. También la censura previa, la hoguera y el índice de libros prohibidos se hicieron por el bien común. Cambian los nombres, no las intenciones. Antes se hablaba de moral. Ahora de convivencia. Antes de fe. Ahora de sensibilidad. El garrote es el mismo; solo cambia el barniz.

Conviene decirlo alto antes de que también esto sea “odio”:

no es función del Gobierno decidir qué podemos leer, decir o pensar, ni siquiera con la excusa de los menores.

Porque cuando el poder empieza a definir el odio, el amor por la libertad suele ser lo primero que desaparece.