La Historia, cuando se convierte en herramienta política, deja de ser memoria para convertirse en arma arrojadiza, en bisturí ideológico con el que unos intentan operar el presente anestesiando al ciudadano con culpas heredadas.

Vivimos una época en la que no basta con estudiar el pasado: hay que reescribirlo, simplificarlo y adaptarlo al dogma del momento. Da igual que se trate de la conquista de América, del franquismo o de cualquier episodio complejo de nuestra historia. Todo se reduce a una narrativa infantil de buenos y malos, de víctimas absolutas y verdugos eternos. Y en ese teatro moral, España siempre aparece en el papel que peor paga: el de culpable universal.

En ese contexto, el Rey de España —sin venir demasiado a cuento, como quien se suma a una conversación que no era la suya— decide “reconocer abusos durante la conquista”. Y aquí conviene detenerse, respirar y pensar. Porque nadie con un mínimo de honestidad histórica negará que en cualquier proceso humano, y más en uno tan vasto y violento como la expansión imperial, hubo abusos, excesos, brutalidades. El ser humano no es precisamente un ángel administrativo.

Pero una cosa es reconocer la imperfección inherente a la condición humana, y otra muy distinta es abonar el relato simplista que equipara la presencia española en América con un genocidio sistemático al estilo de los modelos coloniales anglosajones. Ahí es donde el discurso empieza a hacer aguas.

Porque los hechos —esos viejos enemigos del relato— son tozudos. En los territorios que formaron parte de la América española, la población indígena no solo no desapareció, sino que se mezcló, pervivió y forma hoy parte esencial de la realidad demográfica, cultural y genética de países enteros. Basta mirar hacia el sur del continente para comprobar que esa supuesta aniquilación total es, como mínimo, una exageración interesada.

En cambio, en amplias zonas de la América anglosajona, la presencia indígena fue prácticamente borrada del mapa. No por accidente, sino por un modelo de ocupación distinto, menos integrador y más excluyente. Pero de eso se habla menos, porque no encaja en el relato que conviene promover.

Lo que estamos viendo no es Historia. Es revisionismo con intencionalidad política, promovido muchas veces por quienes viven de gestionar el agravio, de administrar la culpa colectiva y de convertir el pasado en un recurso presupuestario. Cuanto más culpable sea el ayer, más necesario parece el intermediario moral del presente.

Y mientras tanto, los problemas actuales —la economía, la cohesión social, la calidad institucional— quedan convenientemente relegados a un segundo plano. Porque es mucho más cómodo discutir sobre lo que hicieron otros hace quinientos años que rendir cuentas sobre lo que se hace hoy.

El paralelismo con otros episodios históricos es revelador. Se compara alegremente el franquismo con los totalitarismos nazi o soviético, ignorando diferencias evidentes y contextos específicos. Se construyen equivalencias que no resisten un análisis serio, pero que funcionan muy bien en el terreno de la consigna.

La Historia, cuando se utiliza así, deja de ser conocimiento y se convierte en propaganda. Y la propaganda, ya se sabe, no busca entender: busca movilizar, simplificar y señalar.

Conviene recordar algo elemental: las naciones no se sostienen solo sobre su economía o sus instituciones, sino también sobre su relato común. Y cuando ese relato se convierte en una colección de culpas exageradas, interpretaciones interesadas y complejos inducidos, lo que se debilita no es el pasado, sino el presente.

España no necesita negar su historia. Necesita entenderla en toda su complejidad, sin mitos, pero también sin caricaturas. Sin orgullo ciego, pero tampoco con vergüenza impostada.

Porque una sociedad que aprende a avergonzarse de lo que fue, sin entenderlo, acaba perdiendo la capacidad de saber lo que es.

Y entonces sí que empezamos a tener un problema serio.