El problema de España no es el pasado. El problema es quién lo manosea y para qué. Y cuando el Gobierno decide desclasificar los papeles del 23 de febrero de 1981 justo en medio de un vendaval político propio, uno no puede evitar preguntarse si estamos ante un ejercicio de transparencia histórica… o ante una maniobra de supervivencia.

La desclasificación no surge del éter académico ni de una súbita pasión archivística del presidente. Según parece, es una exigencia de su socio parlamentario, Euskal Herria Bildu, formación heredera del mundo abertzale que jamás ha ocultado su proyecto político: debilitar la arquitectura del Estado para fortalecer su causa soberanista. Y aquí conviene hablar claro, aunque incomode: cuando quienes quieren desmontar el Estado piden abrir sus costuras históricas, no lo hacen por amor a la verdad, sino por cálculo político.

El 23-F no es un episodio cualquiera. Es el trauma fundacional de nuestra democracia madura. Es el momento en que el sistema estuvo a punto de romperse. Y es también —según los documentos que empiezan a conocerse— el episodio en el que el rey emérito aparece como pieza clave en la defensa del orden constitucional. Lo nunca visto: se levanta la alfombra esperando polvo y aparece estructura.

La jugada parecía sencilla: reabrir la herida, agitar sospechas sobre la Transición, cuestionar la legitimidad de quienes la protagonizaron y, de paso, distraer la conversación pública de los problemas actuales del Ejecutivo. Cortina de humo con fecha histórica. Pero la Historia no siempre coopera con el guionista.

Bildu sabe lo que hace. Cada grieta en el relato común es una oportunidad. Cada duda sobre la Transición es un argumento para afirmar que el Estado nació viciado. Cada revisión interesada es una palanca para empujar hacia el objetivo final: más cesiones, más debilitamiento institucional, más relato de ruptura. No es ingenuidad; es estrategia.

Y aquí entra el presidente. Sánchez, una vez más, demuestra que su prioridad no es la estabilidad institucional sino la estabilidad de su mayoría. El sillón pesa más que el sistema. El apoyo parlamentario vale más que la prudencia histórica. Si para mantener la aritmética hay que abrir archivos sensibles en el momento políticamente más conveniente —o más inoportuno, según se mire—, se abren.

No se trata de negar el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad histórica. Se trata de cuestionar el contexto y la intención. Porque en política, como en el humor —y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones— lo decisivo no es solo lo que se dice, sino por qué y cuándo se dice.

Mientras tanto, el país real observa. Observa cómo se agita el pasado mientras el presente cruje. Observa cómo los socios de investidura marcan la agenda simbólica. Observa cómo la estabilidad depende de quienes no creen en el proyecto común. Y empieza a preguntarse si esta dinámica no es, en sí misma, una forma de desgaste lento, de inflamación institucional progresiva.

La democracia española sobrevivió a los tiros en el techo del Congreso. Sobrevivió porque hubo voluntad de preservarla. Hoy no hay tiros, pero sí maniobras. No hay tricornios irrumpiendo en el hemiciclo, pero sí estrategias que tensionan los pilares con sonrisa parlamentaria.

Conviene recordar algo elemental: los Estados no se desestabilizan solo con golpes de fuerza; también se erosionan con concesiones tácticas acumuladas. Y cuando el poder gobierna pendiente de su mayoría y no del país, el riesgo no es inmediato, pero es constante.

Porque una cosa es revisar la Historia con rigor. Y otra muy distinta es usarla como moneda de cambio. Y cuando la Historia se convierte en ficha de negociación, el problema ya no es el pasado. Es el presente.

Y ese, nos guste o no, es el que estamos viviendo.