El problema de España no es la inmigración. El problema es la forma en que la gestionan quienes nos gobiernan, con una mezcla letal de ingenuidad ideológica, cálculo electoral y superioridad moral de salón. La inmigración, bien regulada, integrada y exigente, es un fenómeno humano. Lo que tenemos ahora es otra cosa: es una inflamación política crónica, una apertura sin anestesia y sin bisturí, y encima con discurso terapéutico.

Se habla de una regularización amplia —llamémosla como quieran, extraordinaria, humanitaria o histórica— que podría alcanzar incluso a personas en situación procesal pendiente. Es decir, individuos que están a la espera de juicio podrían beneficiarse de un estatus administrativo favorable. Y aquí el ciudadano normal, el que paga impuestos y cumple normas, se queda mirando el espectáculo como quien contempla cómo se desmonta el tejado de su casa en plena tormenta.

Porque no se trata de criminalizar a nadie, como dirán los portavoces del buenismo ilustrado. Se trata de una pregunta elemental: ¿qué señal se envía cuando el Estado flexibiliza requisitos en contextos jurídicamente delicados? La ley, si no es clara, firme y coherente, se convierte en una recomendación simpática. Y los Estados no se sostienen sobre simpatías.

Mientras tanto, en el norte de África —y aquí no hace falta conspiración, basta con leer informes y escuchar a expertos en seguridad— algunos países gestionan sus flujos migratorios como herramienta geopolítica. Marruecos ya ha demostrado en el pasado que puede abrir o cerrar la espita migratoria según convenga a su agenda diplomática. Argelia no es una ONG. Ningún Estado lo es. Creer que todos juegan a la filantropía global mientras nosotros practicamos el altruismo unilateral es, sencillamente, infantilismo estratégico.

Pero el debate no se agota ahí. En el Congreso, esa mayoría autodenominada progresista, feminista y laica vota en contra de limitar el uso de niqab y burka en espacios públicos. Vox, PP y Junts propusieron la prohibición; la mayoría la rechazó. Y aquí no hablamos de religión, sino de visibilidad cívica, igualdad y espacio común. Una democracia liberal se basa en ciudadanos reconocibles entre sí, no en compartimentos culturales impermeables.

El mensaje que se transmite es inquietante: el que llega no tiene que adaptarse; somos nosotros quienes debemos reconfigurarnos. Lo normal en cualquier país del mundo es que quien entra asuma las reglas, la cultura básica, el marco jurídico y los valores fundamentales. Aquí, en cambio, parece que adaptarse es sospechoso de etnocentrismo y exigir integración es casi fascismo de sobremesa.

Y mientras tanto, el poder nos da lecciones. Nos habla de derechos humanos, de acogida, de solidaridad, pero evita con exquisito cuidado hablar de capacidad de absorción, cohesión social, seguridad jurídica y equilibrio demográfico. Es más fácil acusar de xenofobia que diseñar una política migratoria seria.

No se trata de cerrar fronteras a cal y canto ni de levantar murallas medievales. Se trata de orden, exigencia y reciprocidad. Sin eso, la inmigración deja de ser integración y se convierte en fractura. Y cuando la fractura avanza, lo hace silenciosamente, como una grieta en la pared que nadie quiere ver hasta que el edificio cruje.

Algunos creen que exageramos. Que todo se arregla con pedagogía y subvención. Que el conflicto cultural es un invento de malpensados. Puede ser. O puede que dentro de unos años descubramos que, en nombre de la tolerancia mal entendida, hemos erosionado la base común que hacía posible convivir.

Conviene decirlo ahora, antes de que también esto se considere discurso prohibido: una nación que no exige integración, que no protege su marco legal y que convierte la prudencia en pecado político, acaba perdiendo algo más que votos. Acaba perdiendo su propia capacidad de decidir quién es y hacia dónde va.

Y eso, nos guste o no, no lo arregla ningún eslogan.