A mí la palabra imagínese siempre me ha parecido maravillosa porque permite colocar delante de nuestros ojos una sucesión de hechos sin obligarnos a aceptar de antemano la conclusión. Imagínese usted un país europeo, democrático, moderno, orgulloso de sus instituciones y ya bien entrado el siglo XXI. Imagínese que su presidente comparece desde la residencia oficial para anunciar unas elecciones anticipadas y, en la misma declaración institucional, además de comunicar la fecha de las urnas, aprovecha para cargar contra la oposición, a la que describe como la peor de la democracia, y plantea el futuro inmediato como una disyuntiva entre la continuidad de su proyecto político y una ola ideológica de signo contrario. No hace falta imaginar demasiado porque eso, en esencia, acaba de ocurrir en España.

Imagínese ahora que todo sucede después de años políticamente turbulentos, con investigaciones, escándalos, acusaciones cruzadas, derrotas parlamentarias y una crisis de vivienda que se ha convertido en una de las grandes preocupaciones nacionales. Imagínese que las protestas por la vivienda crecen, que un grupo termina acampando en la Puerta del Sol, precisamente delante de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, gobernado por el principal partido de la oposición, y que comienza entonces esa maravillosa especialidad española consistente en discutir no ya sobre el problema, sino sobre quién tiene que solucionarlo, quién debe desalojar a quién, quién tiene las competencias, quién manda a la Policía, quién interpreta mejor la Constitución y quién consigue colocarle al adversario el muerto encima de la mesa. Si Goya levantara la cabeza no pintaría Los fusilamientos del tres de mayo. Pintaría una reunión de administraciones españolas intentando averiguar de quién es una competencia.

La Comunidad pide que se desaloje la acampada. La Delegación del Gobierno defiende el derecho de reunión. El asunto llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y éste rechaza ordenar de manera inmediata el desalojo solicitado por el Ejecutivo autonómico. Y usted, ciudadano normal que por la mañana intenta llegar al trabajo, pagar la hipoteca y encontrar dónde aparcar, contempla el espectáculo y se pregunta lo de siempre: "Pero ¿aquí quién manda?". Pues depende. En España manda muchísimo todo el mundo hasta que llega el momento de hacerse responsable de algo.

Imagínese después que los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, anuncian una huelga general de veinticuatro horas por la vivienda y los salarios precisamente en este otoño electoral. Están en su derecho, faltaría más. Tan legítimo es convocar una huelga como preguntarse por su oportunidad política, por qué ahora, por qué de esta manera y qué responsabilidad corresponde a cada Administración después de años de una crisis habitacional que no apareció el jueves pasado detrás de un contenedor. Porque ése es otro vicio muy español: descubrir los problemas cuando empieza la campaña electoral. Antes eran estadísticas; después se convierten milagrosamente en emergencias nacionales.

Y mientras todo esto ocurre, Barcelona vive manifestaciones por la vivienda que terminan con barricadas, contenedores ardiendo, lanzamientos de objetos, detenidos y agentes heridos. Aquí es donde a mí empiezan a sobrarme las explicaciones infantiles. Porque una cosa es manifestarse, protestar, gritar, exigir alquileres más baratos o pedir la dimisión del lucero del alba —derechos todos ellos perfectamente democráticos— y otra muy distinta quemar mobiliario urbano o enfrentarse a la Policía. La democracia permite estar enfadado. Incluso muchísimo. Lo que no convierte automáticamente en democrático cualquier comportamiento realizado mientras uno está enfadado.

Y entonces llegamos al Ministerio del Interior.

Yo no sé qué ocurrirá durante las próximas semanas ni tengo una bola de cristal encima de la mesa. Tampoco voy a atribuir conspiraciones sin pruebas, que ése es otro deporte nacional tan practicado como el fútbol. Pero sí sé una cosa: cuando un país entra en periodo electoral con una enorme polarización, protestas en las calles, una huelga general anunciada, enfrentamientos institucionales y episodios violentos, el Ministerio del Interior deja de ser una cartera más. Se convierte en uno de los árbitros esenciales de la tranquilidad democrática. Y a un árbitro, sobre todo cuando el partido está caliente, no basta con exigirle que sea imparcial; también conviene que todo el estadio pueda percibirlo como tal.

Porque la confianza institucional funciona como la virginidad: cuesta mucho conservarla y se pierde una sola vez. Cuando media España sospecha de la otra media, cuando cada decisión policial se interpreta políticamente, cuando un desalojo parece favorecer a unos y no desalojar parece favorecer a otros, cuando una manifestación se convierte inmediatamente en munición electoral, el problema deja de ser únicamente jurídico. Se convierte en un problema de credibilidad.

Yo nací en una España que todavía recordaba perfectamente lo que significaba desconfiar del poder. Y quizá por eso me produce cierta inquietud esta nueva costumbre de considerar paranoico a cualquiera que haga preguntas incómodas. No. Preguntar es precisamente lo contrario. Preguntar quién decide, con qué criterio, bajo qué norma, por qué se actúa aquí y allí no, quién da una orden y quién asume después la responsabilidad debería ser la gimnasia elemental de cualquier democracia adulta.

Porque las instituciones no pertenecen al Gobierno. Ésa es una diferencia que a veces parece olvidarse en cuanto alguien llega a La Moncloa. La Policía no es del ministro. La Fiscalía no es del presidente. La televisión pública no es del partido que gana las elecciones. La Administración no es patrimonio de quien ocupa temporalmente los despachos. Todo eso pertenece al Estado y, por extensión, a ciudadanos que votan a la izquierda, a la derecha, al centro, a ninguno o al Pato Donald si algún día decide presentarse.

Por eso yo, si militara en la oposición, observaría las próximas semanas con los ojos bastante abiertos. No porque dé por hecha ninguna maniobra, sino precisamente porque en democracia nadie debería dar nada por hecho. Exigir transparencia, neutralidad institucional y aplicación idéntica de la ley no es desconfiar de la democracia. Es cuidarla.

Y si alguien considera exagerado pedir semejantes precauciones, yo volvería al principio.

Imagínese que todo esto estuviera ocurriendo con un Gobierno del signo político contrario.

Ahora dígame usted si lo miraría exactamente igual.