A mí hay una cosa que me fascina de la televisión pública española: que sea de todos hasta que aparece alguien que no nos gusta. Entonces deja de ser pública, se convierte en una especie de club privado y comienzan los socios fundadores a decidir quién puede entrar, quién debe quedarse en la puerta y a quién habría que prohibirle hasta acercarse al portero automático. Lo curioso es que esos guardianes de la pureza democrática suelen ser los mismos que llevan toda la vida explicándonos que la diversidad es maravillosa, que todas las sensibilidades merecen representación y que la pluralidad constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra convivencia. Todas, naturalmente, menos las que les producen urticaria. Porque una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta permitir que la ejerza el vecino equivocado.

Viene esto a cuento del encontronazo televisivo entre Santiago Abascal y David Broncano, que ha provocado una de esas discusiones nacionales en las que todo el mundo parece tener clarísimo quién tiene razón antes incluso de escuchar lo que ha dicho el contrario. A mí, sinceramente, me interesa bastante menos quién estuvo más ingenioso, quién repartió más estopa o quién consiguió el aplauso más entusiasta de su parroquia. Lo que me ha llamado la atención es escuchar el argumento de que Abascal no debería haber pisado RTVE. Y ahí, perdóneme usted, es donde se me atraganta el café. Porque una cosa es que a uno no le guste un político, que le parezca insoportable, que discrepe de sus propuestas o que cambie de canal cada vez que aparece. Y otra bastante distinta es pretender que una televisión sostenida con recursos públicos funcione como la sala de estar de quienes piensan como nosotros.

Y ahora permítame que llevemos la discusión a Pozuelo, Majadahonda, Boadilla o Las Rozas, que es donde a mí me gusta comprobar si las grandes teorías políticas sobreviven al contacto con la vida cotidiana. Yo conozco votantes de Vox que son médicos, empresarios, autónomos, abogados, empleados, comerciantes y profesionales de toda condición. Como conozco socialistas que dirigen empresas, populares que trabajan por cuenta ajena y personas de izquierdas que pagan religiosamente sus impuestos. No se me ocurriría atribuir a todos ellos una personalidad idéntica por el hecho de votar al mismo partido. Pero sí me parece bastante evidente que muchos ciudadanos que discrepan profundamente entre sí contribuyen, mediante el sistema fiscal, al sostenimiento de los mismos servicios públicos. Y la televisión pública es uno de ellos. No hay una RTVE para quienes votan al PSOE, otra para los del PP y una tercera, instalada en un sótano y con antena de cuernos, para los de Vox.

La CNMC cifró en 1.174 millones de euros las subvenciones destinadas a la misión de servicio público de RTVE en 2024. Si repartimos esa cantidad entre unos 21,87 millones de afiliados a la Seguridad Social, salen aproximadamente 54 euros anuales por afiliado. Conviene aclarar, para que no se nos enfaden los economistas, que se trata de una comparación contable: RTVE no se financia directamente con las cotizaciones sociales, sino mediante presupuestos públicos y otras aportaciones legalmente establecidas. Pero el argumento de fondo no necesita semejante operación aritmética. La televisión pública debe servir al conjunto de la ciudadanía, no únicamente a los espectadores que comparten las simpatías políticas de sus presentadores. Y esa obligación de pluralismo no significa que cualquier dirigente tenga derecho a aparecer en cualquier programa cuando le apetezca, sino que las decisiones editoriales deben responder a criterios profesionales, no a vetos ideológicos.

También hay que reconocer algo que parece haberse perdido entre tanto grito. La entrevista tuvo una controversia perfectamente legítima: el programa aceptó que Vox gestionara el público asistente, desplazando a espectadores que ya tenían invitación. Broncano reconoció después que aquello había sido un error, y el Consejo de Informativos de TVE cuestionó tanto esa decisión como el cambio de naturaleza del espacio. A mí me parece una crítica razonable. Una cosa es entrevistar a un dirigente político y otra permitir que el entrevistado intervenga en las condiciones de la entrevista. Pero fíjese qué diferencia tan importante: se puede reprochar el procedimiento sin sostener que el invitado nunca debió entrar en el edificio. 

Yo no necesito estar de acuerdo con Abascal para defender que sus ideas puedan someterse a preguntas en una televisión pública. Exactamente igual que no necesito compartir las de Pedro Sánchez, Irene Montero o Gabriel Rufián para considerar legítima su presencia. Lo que espero de un entrevistador es que pregunte, repregunte, contraste y, cuando corresponda, contradiga. No que organice una ceremonia de adhesión ni un juicio sumarísimo. Y lo que espero de un político es que responda, no que elija a quienes van a aplaudirle. Lo verdaderamente saludable de una entrevista no es que el espectador termine pensando lo mismo que el presentador, sino que disponga de elementos suficientes para formarse su propio criterio.

Porque aquí reaparece una vieja tentación del poder que hemos visto demasiadas veces, incluso en la política municipal: confundir lo público con lo propio. El despacho, el presupuesto, la institución, el medio de comunicación y hasta el micrófono parecen adquirir el color de quien los ocupa. Y no debería ser así. Lo público no se convierte en propiedad de un partido por haber ganado unas elecciones, del mismo modo que un Ayuntamiento no pertenece a su alcalde ni una biblioteca municipal al concejal de Cultura.

Yo crecí escuchando que una de las grandes conquistas de la democracia era poder oír aquello que no nos gustaba. Ahora resulta que algunos pretenden protegernos de determinadas opiniones como antiguamente se protegía a los niños de las películas para mayores. Y yo, que ya tengo edad para decidir qué veo y qué pienso, preferiría que nadie se arrogara semejante tutela.

Al final, la pregunta no es si Abascal debía salir bien o mal parado de su entrevista con Broncano. Tampoco si el humorista estuvo más o menos acertado. La pregunta es mucho más sencilla: ¿queremos una televisión pública donde las ideas se confronten o una televisión donde cada cual tenga garantizado que jamás escuchará algo que le incomode?

Porque la televisión pública no tiene que gustarnos a todos. Tiene que pertenecernos a todos. Y eso, aunque a algunos les cueste comprenderlo, incluye también al vecino que vota exactamente lo contrario que usted.