Hace unos meses escribí un artículo titulado «España, el país donde mueren 46 personas y no dimite ni el portero». Confieso que nunca imaginé que tendría que volver sobre el asunto tan pronto. No porque confiara especialmente en la capacidad de nuestros gobernantes para aprender de sus errores, que uno tiene sus años y ya no cree en los Reyes Magos, sino porque suponía que cuarenta y seis cadáveres sobre las vías de Adamuz serían suficientes para provocar una sacudida de conciencia en quienes administran el ferrocarril español. Qué ingenuidad la mía. Han pasado apenas nueve meses y España vuelve a contemplar vagones destrozados, familias desesperadas, equipos de rescate buscando supervivientes y una cifra de fallecidos que, sumada a la tragedia anterior, alcanza ya los ciento catorce. Ciento catorce españoles y viajeros que salieron de sus casas pensando que llegarían a su destino. Y aquí seguimos. Con el mismo Gobierno, el mismo ministro y la misma liturgia de condolencias, minutos de silencio y promesas de investigaciones exhaustivas. Porque en España la responsabilidad política parece haberse convertido en una antigualla decimonónica, como el monóculo o la palabra de honor. Se exhibe en los discursos, pero nadie parece tener intención de practicarla.

Y entonces recuerdo un detalle que me dejó absolutamente perplejo. Hace apenas una semana, Óscar Puente, ministro de Transportes del Reino de España, responsable político de un sistema ferroviario que todavía arrastraba las consecuencias de cuarenta y seis muertos en Adamuz, aparecía en un vídeo promocional del programa de Marc Giró en La Sexta participando en una parodia sobre las averías de Renfe. El ascensor se estropeaba, sonaba un aviso por megafonía y nuestro ministro, con esa desenvoltura que proporciona la ausencia de preocupaciones estéticas, exclamaba: «Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya». Después llegaba el baile. Y para rematar la gracia, el propio Puente compartía el vídeo en sus redes sociales con un mensaje de humor negro: «Si sobrevivo a esto...». Extraordinario. No sé qué me impresiona más, si la ocurrencia del guionista o la sensibilidad del ministro. Porque una cosa es tener sentido del humor, virtud que considero indispensable para soportar la existencia, y otra muy distinta es que el responsable de Transportes encuentre divertido bromear sobre las averías ferroviarias cuando todavía hay familias enterrando emocionalmente a sus muertos y supervivientes intentando reconstruir sus vidas. El humor es una cosa muy seria, señor Puente. Sobre todo cuando quien hace el chiste administra aquello que ha dejado de funcionar.

Las víctimas de Adamuz tampoco encontraron demasiada gracia al espectáculo. Mario Samper, presidente de la asociación de afectados, expresó públicamente su indignación y recordó al ministro que tenía sobre su mesa cuarenta y seis fallecidos y numerosas familias destrozadas. No lo dijo un portavoz de la oposición. No lo dijo un tertuliano de derechas. Lo dijo un superviviente. Una persona que conoce el accidente no por haber leído un informe, sino por haberlo padecido. Y yo, que puedo tolerar bastantes frivolidades en un político, encuentro especialmente difícil de justificar que la protesta de unas víctimas no baste para provocar una reflexión pública sobre la conveniencia de semejante actuación. No se trataba de prohibir al ministro sonreír, ni de exigirle luto perpetuo. Se trataba de algo mucho más sencillo y, al parecer, mucho más complicado: tener sentido de la oportunidad, respeto por el cargo y una mínima consideración hacia quienes todavía esperan respuestas. Una semana después, dos trenes colisionaban en Urda. Sesenta y ocho muertos más. La broma televisiva no tuvo relación causal alguna con el accidente, pero el contraste entre aquella escena festiva y las imágenes de los vagones destrozados constituye uno de los retratos más amargos de nuestra vida pública reciente.

Y mientras el ministro ensayaba sus habilidades televisivas, los datos sobre la gestión económica del ferrocarril seguían planteando preguntas incómodas. Vozpópuli ha publicado que el gasto de mantenimiento de la alta velocidad por pasajero se redujo aproximadamente un 37,5 % entre 2022 y 2025. Es importante precisar que hablamos de gasto por viajero, no necesariamente de una reducción equivalente del presupuesto total. Pero precisamente por eso resulta imprescindible que el Gobierno explique cómo ha evolucionado la inversión efectiva en conservación, qué actuaciones se han ejecutado, cuáles se han aplazado y si el incremento del tráfico ferroviario ha ido acompañado de los recursos técnicos y humanos necesarios. Porque una cosa es presumir de kilómetros de alta velocidad y otra garantizar que esos kilómetros funcionan con seguridad. Para inaugurar una estación basta con una cinta, unas tijeras y un fotógrafo. Para mantenerla hacen falta profesionales, dinero, planificación y una vigilancia que no entiende de propaganda. Y los contribuyentes tenemos derecho a conocer dónde termina cada euro que se recauda en nuestro nombre.

Más sorprendente resulta contemplar el entusiasmo financiero con el que el Gobierno respalda determinados proyectos ferroviarios internacionales. España ha autorizado préstamos y operaciones de financiación para modernizar trenes e infraestructuras en Marruecos y otros países, incluidos créditos por cientos de millones de euros. No son donaciones equivalentes a dinero retirado de nuestras vías, sino instrumentos financieros destinados a favorecer exportaciones y empresas españolas. Pero esa distinción contable no elimina una cuestión política legítima: ¿puede el Ejecutivo demostrar que está atendiendo con idéntica diligencia las necesidades de conservación y seguridad de nuestra propia red? Yo celebro que nuestras empresas vendan trenes fuera de España. Lo que no celebraría es descubrir que la promoción exterior ha merecido más atención política que las advertencias de los técnicos encargados de vigilar lo que sucede dentro. Para resolver esa duda no hacen falta consignas. Hacen falta expedientes, presupuestos ejecutados, informes de seguridad y comparecencias donde las respuestas sean algo más que un ejercicio de escapismo verbal.

El accidente de Urda continúa bajo investigación. Las primeras informaciones apuntan a un fallo informático que detuvo varios servicios y a una posterior autorización para reanudar la marcha que el propio Puente ha calificado de inexplicable. Será la investigación la que determine qué ocurrió exactamente y quién tuvo responsabilidad directa. Pero hay una diferencia que convendría explicar a nuestros gobernantes, aunque sospecho que les resultaría tan exótica como una dimisión voluntaria: la responsabilidad penal se establece en los tribunales; la política se ejerce desde los despachos. Un ministro no necesita haber accionado personalmente una señal equivocada para estar obligado a responder por los procedimientos de seguridad de su departamento. Y si se producen dos grandes tragedias ferroviarias en menos de un año, la ciudadanía puede exigir algo más que declaraciones de condolencia. Puede exigir una auditoría integral, explicaciones documentadas y una evaluación pública de la actuación de quienes dirigen el sistema. Lo que no puede hacerse es confundir la investigación de un posible error humano con una absolución anticipada de toda la estructura de mando.

Me pregunto qué estaría ocurriendo hoy si estas dos tragedias hubieran sucedido bajo un Gobierno del Partido Popular o de VOX. No puedo conocer la respuesta exacta, pero creo que a estas horas sus sedes estarían sitiadas por hordas de personas esperando linchar a alguien. Pero, como suele ocurrir, la derecha no hace esas cosas y la izquierda lo sabe. Si alguien se sorprende por mi creencia, hay que recordar que esto ya ocurrió en 2011 por otra tragedia ferroviaria. 

Y no quiero olvidar al presidente del Gobierno. Porque Óscar Puente no se nombró ministro a sí mismo. Lo nombró Pedro Sánchez, que es quien dirige el Ejecutivo y quien debe valorar si la gestión de su titular de Transportes merece continuar. Sánchez ha demostrado una notable habilidad para exigir responsabilidades ajenas y administrar las propias con bastante más parsimonia. Ahora tiene ante sí un problema que no se resuelve con un cambio de conversación, una entrevista favorable o una nueva controversia contra la oposición. Hay ciento catorce muertos en dos accidentes ferroviarios ocurridos durante el mismo año. Hay investigaciones abiertas. Hay familias esperando explicaciones. Y hay un ministerio que debe rendir cuentas sobre la seguridad, la conservación y la supervisión de la red. No atribuyo al presidente ni al ministro una culpabilidad penal que nadie ha establecido. Les atribuyo una obligación política que resulta imposible delegar en el último empleado de una cadena de mando.

A estas alturas, yo no necesito que el ministro me explique lo mucho que trabaja, los kilómetros que recorre ni las dificultades que heredó. Tampoco necesito verlo bailar en un plató de televisión. Necesito saber qué decisiones se adoptaron después de Adamuz, qué recomendaciones de seguridad se pusieron en práctica, cuáles permanecen pendientes y por qué, nueve meses después, España ha sufrido otra tragedia ferroviaria de semejante magnitud. Quiero conocer los informes técnicos, las advertencias recibidas y las actuaciones ejecutadas. Quiero que los responsables comparezcan y respondan. Y quiero que, cuando terminen las investigaciones, las consecuencias políticas sean proporcionales a lo que se haya acreditado. Eso no es una exigencia partidista. Es el mínimo respeto que merece una sociedad que paga sus impuestos, confía en sus instituciones y entrega cada día su seguridad a los servicios públicos.

Termino donde empecé. Hace unos meses escribí que habían muerto cuarenta y seis personas y no había dimitido ni el portero. Hoy la cifra conjunta asciende a ciento catorce y el ministro que debe dar explicaciones aparecía hace apenas una semana bromeando sobre las averías de Renfe. Me gustaría pensar que, después de esta segunda tragedia, el Gobierno entenderá que la responsabilidad institucional no se mide por la capacidad de resistir en el cargo, sino por la disposición a rendir cuentas y asumir las consecuencias cuando corresponda.

Porque hay algo bastante más grave que un político que no sabe cuándo dejar de hacer bromas: un Gobierno que confunde mantenerse en el poder con haber cumplido su obligación. Y mientras esa confusión persista, los ciudadanos seguirán esperando respuestas que ningún baile, ningún discurso y ningún minuto de silencio podrán sustituir.