Hay algo que me produce bastante más inquietud que un presidente del Gobierno incapaz de sacar adelante sus propuestas parlamentarias: un presidente que, cuando el Parlamento deja de darle la razón, empieza a insinuar que el Parlamento ya no representa al pueblo. Lo primero es una dificultad política. Lo segundo es una tentación que conviene vigilar muy de cerca. Porque las democracias no empiezan a deteriorarse cuando los gobernantes pierden votaciones, sino cuando deciden que las votaciones que pierden carecen de legitimidad moral. Y en esas estamos. Pedro Sánchez, que tiene una habilidad extraordinaria para convertir cada contratiempo propio en una deficiencia ajena, acaba de regalarnos otra de sus perlas institucionales: «Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en los aticazos». Qué maravilla. Qué profundidad. Qué manera tan elegante de insinuar que los diputados elegidos por los españoles representan a los propietarios de áticos mientras él, naturalmente, encarna el alma de la portera, del panadero, del estudiante y de la señora que espera el autobús. No sé si Sánchez ha leído últimamente la Constitución. Sospecho que la utiliza como esos libros de decoración que algunos colocan en las estanterías para parecer cultos sin correr el riesgo de abrirlos.

Afortunadamente, todavía quedan socialistas que distinguen entre la soberanía nacional y la soberbia personal. Felipe González, por ejemplo. Y debo confesar que escuchar al expresidente del Gobierno decir determinadas cosas me ha producido una satisfacción que no esperaba experimentar a estas alturas. González, durante un homenaje a Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, manifestó su indignación porque Sánchez hubiera acusado al Parlamento de traicionar a la mayoría social. «Me cuesta trabajo soportar que el presidente del Gobierno de mi país —de mi partido no, presidente del Gobierno de mi país— diga que el órgano de la soberanía nacional el viernes traicionó a la mayoría». No se puede explicar mejor. Ni con mayor autoridad. Ni con más contundencia. Porque González no habla desde la bancada de la oposición, ni desde un argumentario del Partido Popular, ni desde una tertulia empeñada en derribar al Gobierno. Habla desde la experiencia de quien presidió España durante casi catorce años, conoció mayorías absolutas, sufrió derrotas parlamentarias y, con todos sus aciertos y errores, sabe perfectamente qué significa la legitimidad democrática. Y lo verdaderamente significativo es que haya tenido que ser un expresidente socialista quien recuerde al actual presidente socialista algo tan elemental como que el Parlamento no representa al Gobierno, sino al pueblo español.

Conviene detenerse en este pequeño detalle, que parece haberse extraviado entre los sofás de La Moncloa. El artículo 66 de nuestra Constitución establece que las Cortes Generales representan al pueblo español. No dice que lo representen cuando votan favorablemente los proyectos del Gobierno. No establece que su legitimidad dependa de la satisfacción del presidente. Tampoco contempla que un gobernante pueda sustituir el resultado de las urnas por una interpretación sentimental de lo que, según él, piensa la calle. El Parlamento representa al pueblo porque el pueblo lo ha elegido. Punto. La calle puede manifestarse, protestar, reclamar, indignarse y exigir. Y bendita sea esa libertad. Pero la calle no constituye una segunda cámara legislativa cuyos integrantes se eligen por el volumen de sus gritos. Una manifestación de cincuenta mil personas merece respeto. Una de quinientas mil también. Pero ninguna puede atribuirse automáticamente la voluntad de cuarenta y tantos millones de españoles. Para conocer esa voluntad inventamos las elecciones, que tienen el inconveniente de que vota también la gente que no piensa como el presidente. Una auténtica faena para determinados temperamentos.

Lo de los «aticazos» merece capítulo aparte. Resulta admirable la facilidad con la que Sánchez identifica al adversario político con el privilegiado económico mientras se reserva para sí la representación de los humildes. Es una operación de prestidigitación digna de Juan Tamariz, aunque con bastante menos simpatía. El presidente señala un ático y pretende que dejemos de mirar el hemiciclo. Señala al propietario y pretende que olvidemos al diputado. Señala a una supuesta élite inmobiliaria y nos invita a concluir que cualquier parlamentario que rechace sus iniciativas está defendiendo los intereses de los ricos frente a los pobres. Así de sencillo. Así de burdo. Así de eficaz entre quienes han decidido sustituir el pensamiento por el aplauso. Yo no discuto que España tenga un problema gravísimo de vivienda. Lo tiene. Ni niego que haya ciudadanos desesperados ante alquileres imposibles y precios de compra disparatados. Sería una estupidez. Lo que discuto es que semejante drama conceda al presidente una patente para repartir certificados de legitimidad democrática. Si su política de vivienda no obtiene respaldo suficiente en el Congreso, tendrá que negociar, modificarla, buscar acuerdos o asumir su derrota. Eso se llama parlamentarismo. Lo otro, convertir al discrepante en enemigo del pueblo, pertenece a una tradición política bastante menos recomendable.

Y aquí regreso a Felipe González, porque su segunda reflexión me parece todavía más importante que la primera. El expresidente advirtió que, si aceptamos que un Parlamento traiciona la soberanía nacional cuando no responde a las expectativas del Gobierno, tampoco habrá garantía de que el siguiente Parlamento sea respetado. Exactamente. Ahí está el meollo de la cuestión. Si el Congreso actual no representa al pueblo porque rechaza una propuesta de Sánchez, ¿qué impedirá que el próximo deje también de representarlo si vuelve a contrariarle? ¿Quién decidirá cuándo el Parlamento es legítimo? ¿El presidente? ¿Su gabinete? ¿Los manifestantes que compartan sus consignas? ¿Un comité de intérpretes de la voluntad popular instalado en algún ministerio? La democracia representativa no funciona así. La legitimidad de una institución no puede depender de la utilidad que tenga para quien gobierna. Si aceptáramos semejante principio, las elecciones dejarían de ser el mecanismo que decide quién ejerce el poder para convertirse en un trámite cuyo resultado habría que someter después a la aprobación moral del gobernante.

Felipe González ha llegado incluso a comparar esa manera de razonar con discursos empleados en Venezuela. La comparación es severa y conviene entenderla como una advertencia sobre la deslegitimación institucional, no como una equivalencia automática entre sistemas políticos. Pero yo comparto el fondo de su preocupación. Porque el golpismo no comienza necesariamente con un coronel entrando en el Congreso pistola en mano. También existe una mentalidad profundamente antidemocrática que consiste en considerar que la voluntad popular solo es auténtica cuando coincide con la voluntad propia. No afirmo que una declaración desafortunada constituya por sí misma un golpe de Estado. Sería una exageración jurídica. Lo que sostengo es que presentar al órgano de representación nacional como un obstáculo ilegítimo cuando ejerce sus competencias participa de una lógica de desprecio institucional que debería resultar intolerable en cualquier demócrata. El Parlamento puede equivocarse. Puede aprobar leyes malas. Puede rechazar propuestas excelentes. Puede estar integrado por diputados mediocres, oportunistas y auténticos monumentos a la inutilidad. Pero sigue siendo el Parlamento. Y ningún presidente tiene derecho a declararse más representativo que la institución que expresa la voluntad electoral de los españoles.

Lo más desconcertante es que Sánchez parece olvidar que él mismo ha gobernado gracias a esa aritmética parlamentaria que ahora considera insuficientemente parecida a la calle. Cuando los diputados le otorgaron su confianza, aquellos escaños representaban magníficamente la pluralidad española. Cuando las negociaciones con los partidos nacionalistas permitían formar mayorías, estábamos ante una extraordinaria expresión del diálogo democrático. Cuando una votación salía adelante por un margen mínimo, se celebraba la madurez de nuestras instituciones. Pero cuando el Congreso se resiste, cuando la suma no alcanza, cuando los aliados se rebelan o la oposición consigue impedir una iniciativa, entonces descubrimos que la Cámara se parece demasiado a los habitantes de los áticos. Una metamorfosis fascinante. La soberanía nacional se convierte en soberanía nacional a tiempo parcial. De nueve a dos, cuando conviene. Cerrado por discrepancia parlamentaria.

Yo no sé si Pedro Sánchez cree realmente en esa interpretación de la democracia o si se trata de otra maniobra de comunicación política. En ambos casos me preocupa. Si lo cree, revela una concepción del poder incompatible con el respeto que merece la representación parlamentaria. Si no lo cree y simplemente utiliza semejante argumento para obtener rédito electoral, la frivolidad resulta todavía más censurable. Porque las instituciones no son juguetes retóricos que puedan utilizarse para ganar una campaña. La Constitución no es un folleto publicitario. Y el Congreso de los Diputados no es una sucursal del Consejo de Ministros obligada a ratificar las decisiones del presidente. Para eso no harían falta cuatrocientos artículos de debate, comisiones, votaciones y controles parlamentarios. Bastaría con una mesa, un sello y un secretario que preguntara cada mañana qué desea Su Excelencia.

Me alegra, por tanto, coincidir plenamente con Felipe González en lo esencial. Y no porque haya desarrollado una repentina simpatía por todas sus decisiones de gobierno, que sería tanto como sufrir una insolación retrospectiva, sino porque hay asuntos que están por encima de las siglas. La soberanía nacional es uno de ellos. Me parece saludable que un socialista recuerde a otro socialista que el Parlamento no traiciona al pueblo cuando discrepa del Gobierno. Me parece necesario que alguien con la trayectoria de González advierta del peligro de semejante razonamiento. Y me parece especialmente revelador que, en un momento de tanta crispación, haya que reivindicar como una gran lección democrática algo que debería aprenderse en cualquier clase de Educación Secundaria.

Termino como empecé. Yo no tengo ningún problema con que Pedro Sánchez critique al Parlamento, a sus adversarios o a los propietarios de áticos. La libertad de expresión también protege las opiniones del presidente del Gobierno, incluso cuando me parecen disparatadas. Lo que no acepto es que se confunda la voluntad popular con la voluntad presidencial. Los españoles no votan para complacer a quien gobierna. Votan para decidir quién los representa y para que esos representantes ejerzan sus funciones, incluida la de decirle que no al Gobierno. Y si al presidente no le gusta el resultado, tiene una solución democrática perfectamente conocida: acudir a las urnas y aceptar lo que salga de ellas. Sin descalificar previamente al árbitro. Sin declarar sospechoso al Parlamento. Sin arrogarse la representación exclusiva de una calle que pertenece a todos.

Porque el Parlamento puede dejar de apoyar a un presidente sin dejar de representar al pueblo. Lo que no puede hacer un presidente es dejar de respetar al Parlamento y seguir pretendiendo que nos está dando lecciones de democracia.