Señalaba la tropa, -¡No disparen!; ¿y qué hicieron?, pues disparar a quemarropa contra todo lo que se movía. Así se hacía y se hace cuando un ejército se encuentra en una situación fasta para liquidar a su objetivo.

La política en España pero, sobre todo, su clase, ha venido disparando estos últimos años contra la línea de flotación de una nave que se tambalea cual títere de feria. Y es que, señoras y señores, estamos ante una realidad jamás imaginada y ponderada en los últimos 80 años de nuestra historia.

El comandante en jefe del ejecutivo español, adjunto a sus secuaces socios, no paran de bombardear a los estamentos básicos que a la par que necesarios, para un Estado de Derecho –que se supone democrático- ahora desmembrado, ciego y sordo.

Y digo esto porque uno se queda atónito de lo que es capaz de hacer un gobierno en minoría cabalgando con sátrapas de inhumana conciencia, capaces de vulnerar y atravesar cualquier línea que atufe levemente la democracia para mantenerse en el altillo.

Caro nos va a costar el despropósito que vivimos de vertiginosos cambios de espuelas políticas convertidas en Decreto Ley que resultan de obligado cumplimiento para el españolito de a pie. Hemos podido ver y constatar, el giro que se está dando a las bases que sustentan nuestro estado de confort desde que un 14 de marzo de 2.020, el gobierno de la nación, a través de su medio consagrado cabecilla, decretaron el Estado de Alarma que aún nos sigue atenazando y azotando con desmesuradas medidas sin apenas contrastar.

El motivo que lo produce y su consecuencia: La dejación en la previsión de pertrecharse de las armas necesarias para combatir a un enemigo invisible en forma de virus que campa a sus anchas por nuestro territorio, aún soberano.

Pues bien, si hay algo realmente peligroso para una sociedad avanzada, no es otra cosa que la “INSEGURIDAD JURIDICA”; pues ésta, además de crear desazón y malestar, produce asma a una población mermada, maniatada y muda, que ve sórdida como cada vez se distancia más de la igualdad en la aplicación de la justicia. Administrados y administrables, nadamos en un mar de cambios legislativos que cuando menos producen vértigo.

¡Átense los machos y lean regularmente el B.O.E!, por que el texto (Proposición de Ley) presentado recientemente por PSOE y Unidas Podemos en la Cámara baja, va a permitir renovar al máximo órgano de los jueces con menos votos, es decir, -que aun gobernando en minoría como la actual-, tengan la capacidad de elevar y designar a sus miembros a su libre albedrío. Y no sólo eso, sino que se pretende limitar su capacidad de acción.

La balasera surgió desde que su Presidente, Carlos Lesmes, decidió nombrar a ciertos cargos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A la par, nuestro Ejecutivo intentó frenar esos nombramientos, pero sucumbió en el intento. Ante el desastre dialectico con el principal partido de la oposición (PP), nuestro adalid y su ejecutivo, propone una reforma legal que permitirá elegir a un consejo nuevo —o al menos una parte de él— sin que concurra el principal partido de la oposición.

El sistema para su elección, desde su comienzo y activación democrática, siempre ha estado en entredicho, dimes  y diretes. La independencia de tan delicado organismo es prueba esencial de la escasa, por no decir nula credibilidad, que tiene nuestro sistema judicial al que siempre se ha visto abocado cuando la sombra del Poder Chufletero ha impuesto su mano sobre él.

Decía Charles Louis de Secondat, excelentísimo señor de la Brède y Barón de Montesquieu, que la democracia debe guardarse de dos excesos: Del espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y del espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo.

La necrosa situación social, política et económica, nos recuerda a la determinación de lo que ya en su momento histórico, -que no histérico como el actual-, enunciara aquel político y filósofo Ilustrado, quien propuso en su célebre libro "El espíritu de las leyes", en el que se esbozaba que para que las funciones de cualquier Estado fueran independientes, era necesario que se dividieran entre distintos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), a fin de que el poder se autocontrole y así, evitar la tiranía.

Su separación e independencia resulta básica para el respeto a los derechos fundamentales de las personas; en que la división o separación de esos poderes, se convierta en elemento  fundamental, -que en su momento se dio en llamar Estado Liberal- y que, a su vez, se configuró  como el elemento clave del Constitucionalismo Moderno, garantizándose la libertad del ciudadano; una libertad, liberticida para muchos, que cada día vemos más coartada y mermada, dando lugar una inseguridad jurídica inestable con dos raseros muy bien diferenciados.

Y da mucho miedo porque quien lo propone, no dispone la confianza de la mayoría de los españoles.

El Consejo General del Poder Judicial en España se consagra como pilar fundamental de nuestro sistema judicial, regulado en el art. 122 de la Constitución, donde se establece, entre otras funciones, su órgano de gobierno, así como, la aplicación de sus atribuciones y competencias en todo el territorio nacional.

Dicho organismo está presidido por un Presidente que será designado por el Pleno del CGPJ entre los miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia. Está formado por veinte vocales, que serán nombrados formalmente por Su Majestad el Rey a propuesta del Senado y del Congreso de los Diputados.

Lo peculiar, hasta ahora, en la elección de sus miembros, socava un negro y turbio eslabón en la independencia judicial que se le requiere a tan señalado organismo público en el ejercicio de sus atribuciones de ámbito nacional y, en el que de nuevo, este gobierno panfletero y de capirote, va a meter la zarpa.

Lo dicho, ¡Lean más el B.O.E antes de hacer la compra!   Ω