La intención de la empresa concesionaria de la estación era abrir el viernes si las condiciones climatológicas lo permitían y, tras conocer el fallo del TSJ, podrá hacerlo a la espera de que se resuelva definitivamente el frente entre el Ministerio y la Junta.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz ha insistido en la idea trasladada un día antes por el presidente Mañueco señalando que «es curioso con qué facilidad el Gobierno va a los tribunales contra Castilla y León y con qué dificultad va contra otras, a las que ni siquiera obliga a ejecutar las sentencias». Así lo ha apuntado antes de acusar al Ejecutivo central de que «cede con facilidad al chantaje de sus socios y trata de imponerse ante una comunidad que se limita a ser leal y a velar por salir adelante».

Por su parte, la Abogacía del Estado considera una «cuestión meramente procesal» la denegación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de su petición. En este sentido, han señalado que el Tribunal ha decidido tramitar la solicitud de esta medida cautelar de forma ordinaria y no como urgencia, pero destacan que ha dado un plazo «brevísimo» de dos días a la Junta para realizar alegaciones. Por lo tanto, consideran que es previsible que hasta después del Puente de la Constitución y la Inmaculada no haya una respuesta sobre la adopción de las medidas cautelares.