La acampada de la Puerta del Sol llega a los tribunales.

Manos Limpias ha presentado una denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su actuación ante el campamento instalado en pleno centro de la capital tras la manifestación por la crisis de la vivienda. La organización atribuye al delegado la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de perseguir delitos.

La iniciativa había sido anunciada inicialmente como una querella. Posteriormente se conoció que Manos Limpias presentó una denuncia ante los juzgados madrileños. Será ahora la Justicia la que determine si los hechos denunciados tienen relevancia penal.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, sostiene que la Delegación del Gobierno debería haber actuado para impedir el asentamiento.

El escrito mantiene que la acampada carece de cobertura jurídica para ocupar de esa manera el espacio público y dirige sus acusaciones contra Martín por su presunta inacción.

Francisco Martín responde

El delegado del Gobierno ya ha contestado públicamente a la iniciativa judicial.

Martín aseguró este lunes que había conocido la acción de Manos Limpias a través de los medios y, coincidiendo con la apertura del año judicial en la Comunidad de Madrid, afirmó que la Justicia debe protegerse frente a quienes, según sostuvo, tratan de utilizarla políticamente.

En concreto, acusó a la “ultraderecha” de intentar “instrumentalizar a la Justicia para hacer política”.

Sobre el fondo del conflicto, Martín ha defendido el carácter pacífico de la protesta y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para preservar la seguridad ciudadana.

La presentación de una denuncia, en cualquier caso, no supone que los delitos atribuidos al delegado estén acreditados. Corresponderá a los órganos judiciales valorar el escrito y determinar las actuaciones que procedan.

La acampada abre un choque institucional

La batalla judicial añade un nuevo frente a una polémica que durante el fin de semana ya había enfrentado a las tres administraciones.

La acampada comenzó después de la manifestación celebrada tras el desahucio de Maricarmen y sus participantes reclaman medidas sobre vivienda, entre ellas el denominado “decreto Maricarmen”.

El Ayuntamiento de Madrid ha acusado a la Delegación del Gobierno de “dejación de funciones” y reclama que se recupere la normalidad en la Puerta del Sol.

Desde el Consistorio sostienen que el mantenimiento del orden público y las actuaciones relacionadas con el derecho de manifestación corresponden a la Delegación. Como precedente, el Ayuntamiento ha recordado que durante las protestas del 15-M de 2011 los dispositivos de desalojo fueron coordinados por la propia Delegación del Gobierno.

La Comunidad de Madrid también responsabiliza al Ministerio del Interior y a la Delegación y rechaza que la intervención deba trasladarse a la Policía Municipal.

El conflicto, por tanto, ya no gira únicamente alrededor de las reivindicaciones de los acampados. También se centra en quién tiene que intervenir, bajo qué circunstancias y hasta dónde puede mantenerse la ocupación de uno de los principales espacios públicos de Madrid.

Los sindicatos policiales también señalan a Delegación

La polémica había aumentado antes incluso de la actuación de Manos Limpias.

Como ya informó este medio, sindicatos de la Policía Nacional —entre ellos JUPOL— han cuestionado el dispositivo desplegado en Sol y han señalado al delegado del Gobierno por la decisión de no intervenir contra la acampada.

Las organizaciones policiales sostienen que los agentes recibieron instrucciones de no actuar y reclaman transparencia sobre la cadena de órdenes. Se trata de la versión de los sindicatos policiales, no de un hecho judicialmente acreditado.

El propio Martín ha defendido una posición diferente: mientras la protesta mantenga un carácter pacífico, considera que la actuación policial debe centrarse en garantizar la seguridad.

Ese desacuerdo sitúa a la Policía Nacional en medio de una controversia política y administrativa sobre los límites de la protesta y la ocupación del espacio público.

Un asunto que también afecta a los vecinos del oeste

Aunque el epicentro de la protesta está en la Puerta del Sol, sus consecuencias alcanzan también a los miles de vecinos de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte que cada día se desplazan hasta el centro de Madrid.

Sol es uno de los grandes nodos de transporte y movilidad de la capital, además de un punto de conexión habitual para usuarios de Cercanías y Metro procedentes del oeste.

La continuidad de la acampada, las posibles nuevas movilizaciones y cualquier eventual dispositivo policial pueden alterar la movilidad peatonal y el funcionamiento cotidiano del centro.

La protesta por la vivienda entra así en una nueva fase.

Comenzó en la calle, continuó con una acampada en el kilómetro cero y desembocó después en un enfrentamiento institucional sobre las competencias policiales. Ahora también tendrá recorrido judicial.

Será la Justicia la que determine si la actuación denunciada contra Francisco Martín puede tener consecuencias penales. Mientras tanto, la Puerta del Sol continúa siendo el escenario visible de un conflicto que mezcla vivienda, derecho de protesta, seguridad y competencias entre administraciones.