El pulso por la acampada de la Puerta del Sol entra en una nueva fase. La Comunidad de Madrid ha dado este martes 48 horas al delegado del Gobierno, Francisco Martín, para que ordene su desalojo y ha advertido de que llevará el asunto ante los tribunales si el requerimiento no es atendido.

Ya no se trata únicamente de declaraciones políticas.

El Gobierno regional ha remitido un requerimiento formal a la Delegación del Gobierno para que adopte las medidas necesarias y dé las instrucciones oportunas para desalojar la plaza, ocupada desde la noche del sábado tras la manifestación por la vivienda.

Si transcurre el plazo sin actuación, la Comunidad anuncia que presentará un recurso contencioso-administrativo y solicitará medidas cautelares al órgano judicial correspondiente. El Ejecutivo autonómico tampoco descarta emprender otras actuaciones judiciales, incluidas acciones penales contra Martín.

“La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir”

El anuncio lo ha realizado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha endurecido el discurso del Gobierno madrileño después de tres días de enfrentamiento institucional por quién debe intervenir en Sol.

“La impunidad, la ilegalidad, el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol”, ha afirmado García Martín.

El consejero ha fijado además el siguiente movimiento de la Comunidad si Delegación mantiene su posición.

“Le damos al delegado del Gobierno esas 48 horas para que atienda este requerimiento y, en caso de no hacerlo, presentaremos el correspondiente recurso contencioso administrativo”, ha advertido.

La existencia del requerimiento y el plazo han sido confirmados este martes por distintas informaciones publicadas tras el anuncio del Ejecutivo regional.

Francisco Martín sostiene que la Policía no debe intervenir mientras la protesta sea pacífica

La posición de la Delegación del Gobierno ha sido distinta hasta ahora.

Francisco Martín ha defendido que la acampada tiene carácter reivindicativo y pacífico y ha situado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en garantizar la seguridad ciudadana. Su posición expresada durante estos días es que, mientras no haya disturbios, no corresponde a la Policía Nacional intervenir para poner fin al campamento.

Esa interpretación es precisamente uno de los principales puntos de fricción entre las administraciones.

La Comunidad y el Ayuntamiento consideran que la Delegación debe actuar para recuperar la normalidad en Sol. Delegación ha defendido hasta ahora que la ausencia de incidentes violentos no justifica una intervención policial en los términos reclamados.

El requerimiento formal obliga ahora a trasladar esa discrepancia del terreno político al administrativo y, potencialmente, al judicial.

Manos Limpias ya ha llevado el caso a los tribunales

La decisión de la Comunidad llega después de que Manos Limpias anunciara acciones contra Francisco Martín por su actuación ante la acampada.

La organización atribuye al delegado la presunta comisión de delitos relacionados con la prevaricación administrativa por omisión y la omisión del deber de perseguir delitos.

Martín respondió este lunes que había conocido la actuación de Manos Limpias a través de los medios y acusó a la “ultraderecha” de tratar de “instrumentalizar a la Justicia para hacer política”.

Las acusaciones formuladas contra el delegado son alegaciones de los denunciantes y no implican que exista delito alguno acreditado. Corresponde a los órganos judiciales determinar su recorrido.

La Comunidad abre ahora una vía distinta: primero el requerimiento administrativo y, si no obtiene respuesta satisfactoria en 48 horas, un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa con petición de medidas cautelares.

JUPOL también cuestiona las órdenes recibidas por los policías

El conflicto tiene además una tercera vertiente.

Como ha informado IN, sindicatos de la Policía Nacional, entre ellos JUPOL, han denunciado las instrucciones recibidas por los agentes desplegados durante la acampada y han cuestionado que la Policía pueda ser responsabilizada posteriormente de una decisión que, según su versión, procede de niveles superiores de la cadena de mando.

El debate es especialmente sensible porque enfrenta dos cuestiones distintas: el mantenimiento del orden público y la decisión administrativa o policial sobre la continuidad de una ocupación prolongada del espacio público.

La posición expresada por Francisco Martín es clara: mientras la movilización siga siendo pacífica, la Policía Nacional debe garantizar la seguridad y no intervenir para disolverla.

La Comunidad sostiene lo contrario y ahora pretende que esa discrepancia sea resuelta formalmente.

Una protesta nacida tras el desahucio de Maricarmen

La acampada comenzó el sábado por la noche después de la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid por la crisis de la vivienda y tras el desahucio de Maricarmen.

El Sindicato de Inquilinas y los participantes mantienen la movilización para exigir nuevas medidas de protección de los arrendatarios y la aprobación del denominado “decreto Maricarmen”.

La protesta ha adquirido desde entonces dimensión nacional. Este martes se conocieron además negociaciones dentro del Gobierno central sobre nuevas medidas en materia de alquileres y desahucios.

El caso concreto que desencadenó las movilizaciones también ha experimentado un giro: Maricarmen ha alcanzado un acuerdo con la propiedad que le permitirá permanecer en su vivienda con un alquiler vinculado a sus ingresos.

La resolución de su situación personal, sin embargo, no ha puesto fin a la acampada.

Comunidad y Ayuntamiento elevan la presión sobre Delegación

El Ayuntamiento de Madrid había reclamado ya a la Delegación que recuperase la normalidad en la plaza y llegó a plantear posibles actuaciones legales contra Francisco Martín si la situación continuaba.

La Comunidad da ahora un paso más al establecer un plazo concreto.

El movimiento convierte las próximas 48 horas en decisivas.

Si la Delegación atiende el requerimiento, deberá determinar cómo y cuándo se levanta la acampada. Si mantiene su actual criterio y no ordena el desalojo, el Gobierno regional anuncia que llevará el conflicto ante un juez.

Y solicitará medidas cautelares.

Una situación que también interesa a los vecinos de Pozuelo, Majadahonda y Boadilla

Aunque la acampada se encuentra en el centro de Madrid, el desarrollo del conflicto tiene consecuencias prácticas para los miles de vecinos de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte que acceden diariamente a la capital.

Sol es uno de los principales nodos de transporte y tránsito peatonal de Madrid y cualquier dispositivo de desalojo, concentración de apoyo o nueva movilización puede generar alteraciones en el centro.

Para los vecinos del oeste que tengan previsto desplazarse durante las próximas horas a Sol, Gran Vía, Alcalá o el entorno de Callao, convendrá comprobar previamente el estado del transporte público y las posibles restricciones.

La crisis abierta el sábado acumula así nuevos frentes en apenas tres días: protesta social, acampada, controversia policial, enfrentamiento entre administraciones y actuaciones judiciales.

Ahora hay también un reloj en marcha.

La Comunidad de Madrid ha fijado 48 horas para que Francisco Martín ordene el desalojo. Si no ocurre, el siguiente escenario anunciado por el Gobierno regional estará en los tribunales.