La acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol abre un nuevo frente entre administraciones y sindicatos policiales. JUPOL asegura que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) no han recibido ninguna orden de servicio para actuar ante las tiendas de campaña levantadas en pleno centro de Madrid.

Así lo ha afirmado Laura García en Telemadrid, portavoz de JUPOL, después de consultar la situación con agentes de la unidad. Su versión introduce un elemento relevante en la polémica sobre quién debe intervenir y bajo qué autoridad para poner fin a una protesta que afronta ya una nueva jornada en Sol.

«Los compañeros de la UIP no tienen ninguna orden de servicio al respecto ni se la espera», afirma García.

Según la portavoz sindical, los agentes «no saben absolutamente nada de un dispositivo, ni para hoy, ni para mañana, ni los próximos días».

La denuncia de JUPOL llega después de que centenares de personas decidieran permanecer en la Puerta del Sol tras la manifestación del sábado por la crisis de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que tuvo que abandonar la vivienda de alquiler en la que había residido durante décadas.

Unas 500 personas amanecieron el domingo en la plaza, repartidas en alrededor de un centenar de tiendas, según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno. Los convocantes han anunciado su intención de mantener la protesta mientras el Ejecutivo prepara para el Consejo de Ministros del martes nuevas medidas en materia de vivienda.

JUPOL: «Si se les dan las órdenes», actuaría la UIP

El punto central del enfrentamiento está ahora en determinar a quién corresponde actuar.

Laura García sostiene que, en caso de ordenarse un desalojo por motivos de orden público, serían los agentes especializados de la Policía Nacional quienes deberían asumirlo.

«Quien tiene que intervenir ahí, lógicamente, si se les dan las órdenes, son los compañeros de la UIP», asegura la portavoz de JUPOL.

García va más allá y defiende la capacidad operativa de la unidad para despejar la plaza rápidamente: «En diez minutos lo tienen completamente despejado».

La afirmación es una valoración del sindicato y no implica que exista actualmente una orden judicial o administrativa de desalojo.

La posición expresada públicamente por la Delegación del Gobierno es distinta. El delegado, Francisco Martín, ha defendido que, mientras no se produzcan disturbios, no corresponde actuar a la Policía Nacional. La controversia se centra, por tanto, tanto en la legalidad y condiciones de la acampada como en el reparto de competencias entre administraciones.

El Ayuntamiento señala a la Delegación del Gobierno

La polémica ya había escalado el domingo después de que el Ayuntamiento de Madrid acusara a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de «dejación de funciones».

El Consistorio sostiene que la Delegación es responsable del mantenimiento del orden público cuando está relacionado con el ejercicio del derecho de manifestación y cuestiona que las unidades de Policía Nacional desplegadas durante la marcha se retiraran cuando comenzó la acampada.

La versión municipal sostiene además que la manifestación habría terminado discurriendo por lugares diferentes de los inicialmente previstos. El Ayuntamiento ha reclamado explicaciones al Gobierno central y exige que se recupere la normalidad en Sol.

La Delegación, por su parte, ha mantenido que la Policía Nacional seguirá desarrollando sus funciones y que, mientras no haya disturbios, no le corresponde intervenir sobre el asentamiento.

JUPOL denuncia una «doble vara de medir»

El sindicato policial eleva además el tono de su crítica y acusa a las autoridades de aplicar criterios diferentes dependiendo de quién protagonice la protesta.

García habla expresamente de una «doble vara de medir» y plantea qué ocurriría si fueran policías quienes decidieran instalar una acampada reivindicativa frente al Ministerio del Interior.

Según la portavoz, en ese supuesto «no nos da tiempo a meter el saco de dormir y nos han echado de allí».

La comparación forma parte de la denuncia sindical y pretende cuestionar el tratamiento recibido por los manifestantes que permanecen en Sol.

La actuación policial en el desahucio de Maricarmen, otro frente

JUPOL también ha salido en defensa de los policías nacionales que participaron en el desahucio de Maricarmen, episodio que ha terminado convirtiéndose en el detonante de las movilizaciones de este fin de semana.

García rechaza que se responsabilice a los agentes de la ejecución del desalojo y recuerda que actuaron en cumplimiento de un mandato judicial.

«Los compañeros no estaban allí por capricho y no son ellos los que desahucian. Esa orden viene de un juzgado», sostiene.

El sindicato cuestiona igualmente que se investigue la actuación de los policías desplegados durante aquel operativo y reclama que se diferencie entre las decisiones judiciales, las instrucciones políticas y el trabajo realizado por los agentes sobre el terreno.

La acampada continúa a la espera del martes

Mientras crece el choque político e institucional, los manifestantes mantienen su pulso en el kilómetro cero.

La protesta comenzó después de la marcha del sábado convocada bajo el lema «Ni una Maricarmen más». El Sindicato de Inquilinas ha condicionado la continuidad de la acampada a las decisiones que adopte el Gobierno y reclama que el denominado «decreto Maricarmen» incluya, entre otras medidas, contratos indefinidos de alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el domingo que el Ejecutivo trabaja «contra reloj» para intentar llevar al Consejo de Ministros del martes un real decreto sobre vivienda.

Así, el conflicto entra este lunes en una fase distinta. Ya no se discute únicamente sobre vivienda. También está sobre la mesa quién tiene la responsabilidad de intervenir en Sol, qué instrucciones han recibido los policías y hasta dónde puede prolongarse una acampada en uno de los espacios más transitados de Madrid.

Para miles de vecinos de Pozuelo que acceden diariamente a la capital por Moncloa, Príncipe Pío y el centro de Madrid, la evolución de la protesta tiene además una vertiente práctica: cualquier ampliación de la movilización o eventual operativo policial puede repercutir en la movilidad del centro.

Por ahora, la imagen continúa siendo la de las tiendas de campaña instaladas a pocos metros de la Real Casa de Correos. Y, según JUPOL, la unidad policial especializada en intervenciones de orden público sigue sin tener sobre la mesa una orden para actuar.