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Redacción Pozuelo IN | 🕘 5 minutos de lectura | La intervención de madrugada se salda con dos detenidos y 334 personas desalojadas. El alcalde responsabiliza políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez de los perjuicios económicos, mientras la Delegación del Gobierno justifica la operación por los incidentes registrados y la pérdida del carácter reivindicativo de la protesta.
La acampada que durante 38 días ha ocupado la Puerta del Sol de Madrid ha llegado a su fin. La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Municipal, ha desalojado esta madrugada del 3 de noviembre las tiendas instaladas en la plaza, en una intervención que se ha saldado con dos detenidos por desobediencia y resistencia a la autoridad.
El operativo comenzó alrededor de las tres de la madrugada. Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, 334 personas se encontraban en el asentamiento cuando se llevó a cabo la actuación.
Tras la intervención, los servicios municipales comenzaron los trabajos de retirada de las tiendas, limpieza y recuperación de uno de los principales espacios públicos de Madrid.
Almeida denuncia pérdidas superiores a 30 millones de euros
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado el coste económico de la acampada por encima de los 30 millones de euros, una estimación de pérdidas comerciales que el Ayuntamiento ya había adelantado durante los últimos días de octubre.
El regidor ha atribuido políticamente la responsabilidad de lo sucedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez, calificando los perjuicios económicos como una nueva factura del sanchismo.
La cifra corresponde a una estimación municipal, no a un balance individualizado y auditado de los daños sufridos por cada establecimiento.
La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) ha valorado favorablemente el desalojo, aunque considera que la actuación se ha producido demasiado tarde. La patronal había reclamado responsabilidades por el impacto económico de la ocupación sobre los negocios del entorno.
La Delegación del Gobierno admite un cambio en la naturaleza de la acampada
La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido que el desalojo constituye una medida de último recurso, adoptada tras varios requerimientos y actuaciones de mediación.
Según su explicación, la protesta había perdido progresivamente su finalidad reivindicativa inicial después de que las principales organizaciones anunciaran su retirada.
El organismo también ha señalado la existencia de hechos presuntamente delictivos e incidentes en el interior y los alrededores del asentamiento, así como la permanencia de personas sin hogar y colectivos vulnerables.
Los organizadores, por su parte, han denunciado una intervención policial violenta y han asegurado que se produjeron lesiones. La Delegación del Gobierno mantiene que la operación se desarrolló sin violencia, por lo que existen versiones contrapuestas sobre este extremo.
Del anuncio de retirada al desalojo definitivo
Pozuelo IN informó el pasado 1 de noviembre de que las principales comisiones de la Acampada 26S habían anunciado su disolución y el traslado de la movilización a los barrios madrileños.
Un día después, este periódico recogió que todavía permanecían grupos en la plaza, pese a la retirada de buena parte de los colectivos organizadores.
La intervención policial de esta madrugada supone el desenlace de aquel proceso y permite recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol, aunque permanecen abiertas las discrepancias sobre la gestión administrativa de la protesta y sus consecuencias económicas.
El Ayuntamiento deberá concretar ahora el alcance definitivo de los perjuicios comerciales y las posibles reclamaciones derivadas de las semanas de ocupación.
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