La batalla por la acampada de la Puerta del Sol llega a los tribunales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves 1 de octubre que su Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo contra la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y solicitará a la Justicia medidas cautelarísimas para conseguir la «inmediata disolución» del asentamiento instalado en la plaza.

El movimiento judicial llega después de que haya vencido el plazo de 48 horas que el Ejecutivo regional concedió el martes a la Delegación del Gobierno para actuar.

«Esta misma mañana la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la inacción del delegado del Gobierno», ha anunciado Díaz Ayuso durante el Pleno de la Asamblea de Madrid.

La petición de medidas cautelarísimas eleva un grado más el enfrentamiento institucional que durante los últimos días ha mantenido a Comunidad, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno enfrentados sobre quién debe actuar y bajo qué condiciones en el kilómetro cero de Madrid.

La Delegación se ampara en el derecho de reunión

Francisco Martín ha defendido este mismo jueves una posición diferente.

El delegado del Gobierno asegura que continuará desarrollando las «actuaciones procedentes», pero ha recalcado que cualquier decisión deberá adoptarse dentro del marco normativo y respetando el derecho fundamental de reunión.

Esta posición mantiene abierto el principal punto de discrepancia entre administraciones.

La Comunidad considera que la permanencia de la acampada excede los límites del derecho de reunión y exige su disolución. La Delegación del Gobierno, por su parte, insiste en que sus actuaciones deben preservar ese derecho fundamental.

Ya el martes, después de recibir el primer requerimiento del Ejecutivo autonómico, la Delegación reclamó a la Comunidad «respeto al derecho fundamental de reunión» y aseguró mantener su compromiso con la seguridad ciudadana en Sol.

Será ahora la Justicia la que tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por el Gobierno regional.

Ayuso introduce un nuevo argumento: el acceso de las ambulancias

La presidenta madrileña ha incorporado este jueves otro elemento a la disputa: la seguridad y movilidad dentro de la plaza.

Ayuso ha pedido que, como mínimo, se libere espacio suficiente para permitir el acceso de los servicios de emergencia.

«Que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias», ha señalado en la Asamblea. También se ha referido a las dificultades que, según sostiene, están sufriendo comerciantes y usuarios habituales de la zona.

La cuestión de los accesos no aparece únicamente en las reclamaciones del Gobierno regional.

Más Madrid, que se opone al desalojo solicitado por la Comunidad, reclamó el miércoles a la Delegación del Gobierno que garantizara pasos libres para las vías de evacuación y mantuviera la interlocución y colaboración con el Ayuntamiento. La formación pidió además protección para los acampados frente a posibles amenazas.

El Ayuntamiento también amenaza con acudir a los tribunales

La Comunidad no está sola en su presión sobre la Delegación.

El Ayuntamiento de Madrid remitió el martes su propio requerimiento a Francisco Martín para solicitar la disolución inmediata de la acampada y advirtió de que emprendería las acciones legales correspondientes si no se actuaba.

El enfrentamiento se endureció todavía más el miércoles.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció el envío al delegado del Gobierno y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de documentación que, según el Ayuntamiento, mostraba adoquines retirados de obras próximas y cuchillos de grandes dimensiones localizados en tiendas de campaña. Se trata de afirmaciones y documentación aportadas por el Gobierno municipal, no de una conclusión judicial sobre la acampada o sus participantes.

La Comunidad sostiene además que se han producido daños sobre elementos del patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol.

Los sindicatos policiales ya habían cuestionado las órdenes

La polémica sobre la actuación policial comenzó antes del ultimátum de la Comunidad.

Como adelantó Redacción IN, varios sindicatos de la Policía Nacional denunciaron el lunes que los agentes habrían recibido instrucciones de no intervenir al inicio de la acampada y señalaron al delegado del Gobierno.

Entre esas organizaciones se encuentra JUPOL.

Los sindicatos defendían que la Policía debería haber impedido la instalación desde el primer momento y cuestionaban que la decisión respondiera exclusivamente a criterios operativos. La existencia y naturaleza de esa supuesta instrucción constituye una denuncia sindical y no una resolución o hecho acreditado judicialmente.

De la manifestación por la vivienda a una batalla institucional

La acampada comenzó después de la manifestación celebrada el pasado fin de semana por la situación de la vivienda y tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo caso desencadenó una importante movilización en Madrid.

Desde entonces, la protesta ha permanecido en la Puerta del Sol y ha ido ampliando sus reivindicaciones. En la madrugada de este jueves afrontaba ya su quinta noche consecutiva, mientras algunos participantes planteaban nuevas movilizaciones y un eventual llamamiento a una huelga general.

El conflicto ha terminado enfrentando abiertamente a las administraciones.

Por un lado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento reclaman la disolución de la acampada y atribuyen a la Delegación del Gobierno la responsabilidad de intervenir.

Por otro, Francisco Martín sostiene que cualquier actuación debe ajustarse al marco legal y respetar el derecho fundamental de reunión.

La decisión pasa ahora por los tribunales

La principal novedad de este jueves es precisamente esa.

Después de varios días de acusaciones, requerimientos administrativos y discusión sobre las competencias policiales, la Comunidad traslada el conflicto a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Las medidas cautelarísimas tienen precisamente como finalidad obtener una respuesta judicial urgente cuando se alega una situación que no permite esperar a la tramitación ordinaria de unas medidas cautelares.

La presentación del recurso no significa por sí misma que el desalojo haya sido acordado. Será el órgano judicial competente el que tendrá que decidir sobre la solicitud formulada por la Comunidad y sobre las medidas que, en su caso, proceda adoptar.

Mientras tanto, la acampada continúa en la Puerta del Sol y Francisco Martín mantiene que la Delegación seguirá actuando conforme al marco normativo y respetando el derecho de reunión.

El pulso que comenzó en la calle entra así en una nueva fase: la próxima decisión relevante puede llegar desde un juzgado.