El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que llevaba alrededor de 70 años viviendo en su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, ha abierto un nuevo enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este jueves a las críticas de Pedro Sánchez asegurando que el desalojo se produjo «en cumplimiento de la ley» y por orden judicial, al tiempo que ha acusado al presidente del Gobierno de alentar la «quema de calles».

Las declaraciones llegan un día después de que Sánchez calificara el caso como una «tragedia social» y responsabilizara políticamente tanto al Ejecutivo autonómico de Ayuso como al Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida.

Ayuso: «No es una decisión nuestra»

Durante su intervención en un foro organizado por el Círculo de Empresarios, Ayuso ha rechazado que el Gobierno regional fuera responsable de ejecutar el lanzamiento.

La presidenta madrileña ha recordado que el desahucio se produjo por orden judicial y con intervención de la Policía Nacional, cuerpo dependiente del Gobierno central.

«Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el Gobierno».

Ayuso ha insistido en que el lanzamiento no respondió a una decisión de la Comunidad de Madrid, sino a la ejecución de una resolución judicial conforme a la legislación vigente.

«Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra», ha señalado antes de dirigir sus críticas hacia el Ejecutivo central.

La presidenta ha argumentado que el Gobierno de Sánchez y sus socios han dispuesto de ocho años para modificar la normativa si consideraban que debía impedir situaciones como la vivida por Maricarmen.

Sánchez había responsabilizado a Ayuso y Almeida

La respuesta se produce después de que Pedro Sánchez se pronunciara desde Nueva York sobre el desahucio.

El presidente del Gobierno calificó lo sucedido de «tragedia social» y señaló a las administraciones autonómica y municipal. Sánchez sostuvo que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento habían hecho «caso omiso» ante la situación de la mujer y defendió la necesidad de sacar adelante nuevas medidas estatales en materia de vivienda.

Maricarmen fue finalmente desalojada el miércoles de la vivienda de Retiro en la que había residido durante siete décadas. El lanzamiento se produjo después de varios intentos anteriores y en medio de una importante movilización de vecinos y colectivos contrarios al desahucio.

El caso ha adquirido además dimensión institucional. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado este jueves a las administraciones y poderes públicos medidas urgentes para evitar desahucios de personas vulnerables en situaciones similares.

Ayuso carga contra la política de vivienda del Gobierno

Más allá del caso concreto de Maricarmen, Ayuso ha utilizado su intervención para cuestionar la política estatal de vivienda.

La presidenta madrileña ha asegurado que durante estos años el Gobierno ha prometido 184.000 viviendas y ha afirmado que no ha «construido ninguna», una valoración formulada por la propia dirigente regional en su crítica al Ejecutivo.

También ha calificado de «absurda» la Ley de Vivienda estatal y ha sostenido que sus efectos están contribuyendo a que los precios continúen aumentando y a perjudicar tanto el mercado de compraventa como el del alquiler.

Según Ayuso, la situación provoca «un perjuicio tremendo a la economía, también al talento y especialmente a los jóvenes».

Se trata de la posición defendida por el Gobierno madrileño frente al modelo estatal de intervención del mercado inmobiliario, uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas administraciones.

Cruce de cifras sobre los desahucios

Ayuso también ha comparado la situación de Madrid con la de otras comunidades autónomas.

La presidenta ha sostenido que el mayor número de desahucios se registra en Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, situándose Madrid a distancia de esos territorios.

Además, afirmó que «por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña» gobernada por Salvador Illa.

La referencia forma parte de la argumentación política utilizada por Ayuso para rechazar que el caso de Maricarmen pueda atribuirse específicamente a la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.

De un desahucio a una nueva batalla política

El caso ha trascendido así el drama personal de una mujer de 87 años para convertirse en un nuevo frente entre Moncloa, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Sánchez responsabiliza a las administraciones madrileñas y presenta el caso como ejemplo de la necesidad de reforzar la protección frente a los desahucios. Ayuso replica que el lanzamiento obedeció a una orden judicial y a la legislación vigente, y devuelve al Ejecutivo central la responsabilidad de modificar esa normativa.

Mientras continúa el enfrentamiento político, el desalojo ya se ha ejecutado y el debate se traslada ahora a qué cambios legales y qué soluciones habitacionales deben aplicarse para evitar que casos similares vuelvan a producirse.