España es un país extraordinario. Cuando no se legisla por ocurrencia, se regula por sospecha. Y cuando no se sospecha, se factura. La reciente obligación de adquirir una baliza luminosa para los vehículos —ese pequeño artefacto intermitente que promete salvar vidas desde el techo del coche— huele menos a seguridad vial que a negociete con despacho, café recalentado y firma urgente antes de que se enfríe el BOE.

Nos dicen que es por nuestra seguridad. Siempre es por nuestra seguridad. La seguridad es el comodín moral del poder: cabe todo dentro, desde una mordida fiscal hasta un producto obligatorio con fecha de caducidad tecnológica y fabricante bendecido. Porque aquí no se trata de que el conductor esté más protegido; se trata de que pase por caja. Y no por cualquier caja, sino por la adecuada.

Durante décadas, el triángulo de emergencia cumplió su función con dignidad geométrica. No emitía señales digitales, no se conectaba con nadie, no necesitaba actualizaciones ni contratos. Era barato, eficaz y, lo peor de todo, libre. Y eso, en la España reglamentista del siglo XXI, es imperdonable. Había que jubilarlo. No por inútil, sino por indócil.

La baliza, en cambio, es moderna, conectada, homologada y, por supuesto, obligatoria. No basta con que funcione: tiene que funcionar con quien toca. Y ahí es donde el asunto deja de ser vial y se vuelve sospechosamente comercial. Porque cuando el Estado decide qué compras, cómo lo compras y a quién se lo compras, ya no estamos ante prevención, sino ante dirección de consumo. Y eso tiene un nombre menos elegante.

El ciudadano medio, ese ser al que se le exige civismo mientras se le trata como a un menor de edad, asiste al espectáculo con resignación. Primero fue el impuesto, luego la tasa, después el recargo y ahora el gadget obligatorio. Siempre hay una excusa técnica, un informe oportuno y un silencio clamoroso sobre quién gana y cuánto. Transparencia de niebla espesa.

Lo verdaderamente admirable es la naturalidad con la que se acepta el procedimiento. Nadie dimite, nadie explica demasiado y nadie pregunta en serio. Se nos dice que “es por nuestro bien” y punto. Como si el conductor español fuera un salvaje incapaz de colocar un triángulo sin supervisión ministerial. Como si la seguridad dependiera de un LED y no de carreteras, educación y sentido común.

Este país ha perfeccionado el arte de convertir cada problema en una oportunidad de negocio regulado. No se arregla lo esencial, pero se vende lo accesorio. No se invierte en prevención real, pero se impone la compra simbólica. Y todo ello con ese tufillo inconfundible a decisión tomada antes de que alguien preguntara si hacía falta.

No dudo de que la baliza funcione. Tampoco dudo de que alguien haya hecho números. Lo que dudo, profundamente, es de la honestidad del proceso. Porque cuando la seguridad se convierte en catálogo y la ley en ticket de compra, el problema ya no está en la carretera. Está en el Gobierno.

Pero tranquilos. Circulen. Compren. Obedezcan.

La luz parpadea. La conciencia, no.