Lo digo yo, que cada mes veo mi nómina y no necesito un máster en Hacienda para entender el truco: el empresario paga, el Estado cobra y el trabajador culpa al primero. Maravilloso mecanismo. Cervantes no lo habría imaginado mejor. El empresario convertido en recaudador de impuestos con sonrisa obligatoria, descontando tributos antes de que el sueldo huela siquiera a cuenta corriente. Y luego nos preguntamos por qué el salario parece corto. Spoiler: no siempre es el empresario el avaro; a veces es el Estado el insaciable.

Hemos construido —ironía fina— un “estado del bienestar” que funciona como una máquina tragaperras donde siempre gana la banca pública. Si el empresario se equivoca en una coma tributaria, el brazo sancionador cae con la delicadeza de un piano desde un quinto piso. El bueno del Estado, que nunca se equivoca, nunca paga recargo, nunca pide perdón. El empresario sí. Y rápido.

Luego están los tramos. Ese invento progresivo que en la práctica se convierte en progresivamente desmotivador. “Más cobras, más porcentaje te quitamos”. Aplauso ideológico. Pero en la frontera de los tramos suceden cosas curiosas: aumentos que no compensan, esfuerzos que se diluyen, incentivos que se evaporan. Y el trabajador calcula. Y concluye. “¿Para qué voy a matarme si el salto me deja igual o peor?” No es avaricia; es aritmética.

Me dirán que exagero. Perfecto. También exageraban los planificadores soviéticos cuando prometían el paraíso obrero. La URSS se hundió, entre otras razones, porque el incentivo era una palabra sospechosa y el mérito una desviación burguesa. Cuando al que produce más se le castiga más, y al que produce menos se le subsidia mejor, el resultado no es justicia social; es mediocridad estructural. Y la mediocridad, cuando se institucionaliza, termina en ruina.

Aquí hemos decidido demonizar al empresario —esa criatura mitológica que “explota” por definición— mientras olvidamos que es quien arriesga, invierte y genera empleo. Hemos decidido sospechar del que gana bien, como si el salario alto fuera una confesión de pecado. Y al mismo tiempo, hemos naturalizado que el Estado pueda subir, crear y multiplicar impuestos con la misma facilidad con la que un tertuliano multiplica opiniones.

Yo no comulgo con ese dogma. No comulgo con que el empresario sea el cobrador del frac del Ministerio. No comulgo con que el talento pague peaje extra por existir. No comulgo con que el esfuerzo sea penalizado mientras la ineficiencia encuentra coartada moral. Porque eso no es bienestar; es una fiesta permanente financiada por los de siempre.

Y aquí la pregunta, incómoda pero inevitable: si seguimos castigando al que arriesga y desincentivando al que produce, ¿quién va a pagar la fiesta? ¿El funcionario imaginario? ¿El empresario demonizado? ¿El trabajador que decidió no esforzarse porque el salto no compensa?

He escrito antes sobre genios ignorados y bufones premiados. Sobre gobiernos que invierten en aplausos y no en laboratorios. Todo está conectado. Una sociedad que penaliza el mérito termina celebrando la mediocridad. Y una economía que desprecia el incentivo termina implorando rescates.

Yo seguiré mirando mi nómina con la misma mezcla de ironía y rabia contenida. Y seguiré diciendo que el bienestar no se financia con discursos, sino con productividad. Si eso me convierte en hereje del consenso fiscal, lo asumo.

Porque cuando el Estado se convierte en el único que siempre gana, alguien más está perdiendo. Y suele ser el que trabaja.