El problema del actual Gobierno de España no es uno solo, como gustan de repetir sus voceros con cara de seminaristas sorprendidos, sino varios, simultáneos, entrelazados y contagiosos. Es un problema de corrupción, de degradación moral y de demolición institucional, que no actúan por separado, sino como una banda bien avenida, de esas que entran juntas al portal y salen juntas por el garaje cuando llega la Guardia.

El Gobierno vive hoy asediado por sus propios escándalos, no por la derecha cavernaria ni por la prensa fascista ni por los jueces preconstitucionales, sino por la tozuda realidad de los sumarios, las grabaciones, los informes, las comisiones, las imputaciones y los silencios. Silencios espesos, densos, culpables. Silencios que huelen a despacho cerrado, a móvil apagado y a disco duro formateado de madrugada.

Nos dicen que no pasa nada, que todo es fango, que todo es mentira, que todo es una conspiración. Y lo dicen con la misma boca con la que hace cuatro días juraban regeneración, transparencia, limpieza y ética pública. Han convertido la palabra “corrupción” en un insulto reaccionario y la presunción de inocencia en una patente de corso para el compadreo, la colocación del primo, el apaño del contrato y el rescate del amigo.

El Ejecutivo se sostiene hoy como esos edificios viejos que siguen en pie porque nadie se atreve a empujarlos del todo. Cada semana aparece un nuevo escándalo, una nueva derivada, un nuevo personaje secundario que resulta ser principal, un asesor que asesoraba demasiado, un intermediario que intermediaba para sí mismo, una empresa beneficiada por casualidad, siempre por casualidad. En España, cuando algo es casual, conviene mirar debajo de la mesa.

Y mientras tanto, el presidente —ese equilibrista de sonrisa solemne y verbo hueco— mira al horizonte, apela a la convivencia, al progreso y a Europa, como si Bruselas fuera Lourdes y bastara invocarla para que desaparezcan los tumores. No cesa de pedir tiempo. El tiempo es el gran aliado del político acorralado. Dar largas, dejar que se enfríe el pastel, esperar a que el escándalo caduque como el yogur en la nevera del contribuyente.

Los socios del Gobierno, esos aliados de conveniencia, miran hacia otro lado mientras tragan saliva. Protestan lo justo, se indignan lo imprescindible y votan lo necesario para que todo siga igual. La corrupción, cuando garantiza presupuestos, indultos, competencias o sillones, se vuelve tolerable, pedagógica y hasta progresista. Todo sea por la estabilidad, esa palabra mágica que sirve para justificar cualquier cosa menos la decencia.

No es ya solo el dinero, que también. Es la naturalidad con la que se convive con el escándalo, la obscena costumbre de tratar al ciudadano como un menor de edad al que se le cuenta un cuento para que se duerma. Nos toman por tontos, que es la forma más grave de corrupción política.

Y lo peor no es que haya casos, que los ha habido siempre. Lo peor es la ausencia total de vergüenza, la falta de dimisiones, la inexistencia de responsabilidades políticas. Aquí no cae nadie. Aquí se resiste. Se aguanta. Se atrinchera. Se insulta al mensajero y se llama bulo al sumario.

España no se hunde por la corrupción, sino por la impunidad moral de quienes la relativizan. Cuando gobernar se convierte en sobrevivir y la ética en un estorbo, el Estado empieza a parecerse peligrosamente a una comunidad de vecinos mal avenida, donde todos saben quién roba en el trastero, pero nadie quiere montar junta extraordinaria.

Esto no va de izquierdas ni de derechas, aunque a algunos les convenga decirlo. Va de dignidad democrática. Y cuando un Gobierno ya no puede mirar de frente a los ciudadanos sin cambiar de tema, sin señalar enemigos imaginarios y sin esconderse tras pancartas, es que algo muy serio se ha roto.

Luego dirán que nadie avisó. Como siempre.