REDACCIÓN — Según informa Telemadrid, la situación lleva tiempo enquistada, pero este fin de semana ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad. Carlos, propietario de una vivienda ocupada en Pozuelo desde enero de 2024, ha denunciado una brutal agresión por parte de los okupas que llevan año y medio residiendo ilegalmente en el inmueble. Según su testimonio, le lanzaron piedras desde una altura de nueve metros, una de las cuales le golpeó en la cabeza, provocándole heridas que aún hoy le afectan a la visión del ojo izquierdo.

“No me han matado de milagro”, declara aún conmocionado. El suelo donde cayó su sangre sigue siendo visible horas después del suceso, que tuvo lugar el pasado sábado por la tarde. No es la primera agresión, pero sí la más grave, asegura. “Cada vez que vengo, me tiran piedras. Son muy agresivos. No duermo, estoy al límite”.

La raíz del conflicto es clara: enganches ilegales a la electricidad. Cada vez que el propietario intenta cortar el suministro fraudulento, los okupas —que viven en la planta superior de la vivienda— responden con violencia. En el inmueble también residen inquilinos que sí tienen contrato, y que conviven con miedo y tensión constante, según han relatado a medios locales.

La historia comenzó cuando un antiguo inquilino, según narra Carlos, “se fue sin pagar y dejó a los okupas dentro”. Desde entonces, los intentos por regularizar la situación han fracasado. Los ocupantes se niegan a firmar un contrato. Alegan que ya pagaron al anterior arrendatario. La vía judicial avanza lenta: el desahucio ya está señalado, pero aún sin fecha definitiva.

Mientras tanto, la escalada de agresiones preocupa no solo al propietario, sino también a los vecinos. “Nos han intentado apuñalar, han lanzado tapas de alcantarilla, rayan coches”, denuncia un miembro de la empresa de desokupación contratada para mediar en el proceso. En la parte superior de la casa, los ocupantes acumulan piedras, listas para arrojarlas si alguien se acerca.

La situación ya ha generado malestar en la zona. Quienes viven cerca sienten temor, frustración y una creciente sensación de indefensión. En medio de todo, Carlos —que recibe una pensión y convive ahora con las secuelas físicas y emocionales de la agresión— solo tiene un deseo claro:

“Alzamiento y que, por Dios, se vayan de mi vida ya de una vez”.

Un caso más que evidencia la complejidad social, legal y humana de la ocupación de viviendas. Y que deja una pregunta pendiente en Pozuelo: ¿hasta cuándo puede sostenerse esta tensión sin consecuencias mayores?