Redacción Pozuelo IN — La decisión del Gobierno de España de trasladar 400 menores inmigrantes no acompañados al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón ha encendido todas las alarmas en el Consistorio. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha calificado la medida de “temeraria” y ha lamentado haber tenido conocimiento de ella “únicamente a través de los medios de comunicación, sin ninguna notificación oficial”.

Tejero asegura que el Ayuntamiento se enteró de esta actuación sin aviso previo ni consulta, un hecho que considera “un desprecio hacia la autonomía municipal y la cooperación entre instituciones”. Por ello, la regidora ha remitido sendos escritos al Ministerio de Infancia y al Delegado del Gobierno para exigir confirmación oficial, explicaciones urgentes y los criterios objetivos que han llevado a tomar esta decisión.

“No se puede hablar de solidaridad mientras se actúa de espaldas a los ayuntamientos y sin respetar su capacidad real de respuesta”, ha recalcado Tejero. El CREADE de Pozuelo se habilitó en su día como recurso temporal para acoger a refugiados ucranianos en situación de emergencia, pero, según denuncia la alcaldesa, “no se concibió como una infraestructura estable ni permanente, y carece de recursos para albergar de forma prolongada a cientos de menores con necesidades específicas de protección y atención”.

La situación, que se conoció en la tarde de ayer, ha provocado que el Ayuntamiento eleve la cuestión a la Fiscalía de Menores, para que supervise que se cumplan todas las garantías de protección a los menores. Mientras tanto, la alcaldesa insiste en la necesidad de un plan nacional “serio y sostenible” para abordar la acogida de menores migrantes, “y no una improvisación que solo busque aliviar la saturación del sistema en Canarias”, ha subrayado.

Desde el Consistorio se exige al Gobierno detalles claros: quién gestionará la acogida, cómo se coordinará con los servicios municipales, qué medios habrá para garantizar atención psicológica, escolarización, integración y seguridad. Y sobre todo, de dónde saldrá la financiación para asegurar que ningún menor quede desatendido.

“Pedimos una reunión urgente para conocer a fondo el plan de acogida, los recursos, los plazos y las responsabilidades. Y exigimos que se paralice cualquier traslado mientras no haya garantías de una acogida digna y planificada”, ha concluido Tejero, quien reclama al Ejecutivo central “transparencia, respeto institucional y altura de Estado” para afrontar un reto tan delicado como es la protección de menores migrantes.