Redacción Pozuelo IN — La tensión entre el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y el Gobierno central por el posible traslado de 400 menores inmigrantes no acompañados al CREADE local sigue escalando. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha sido tajante esta mañana: “No vamos a aceptar que se traslade a ningún menor a nuestra ciudad”.

Así lo ha asegurado tras la Junta Local de Seguridad celebrada hoy. Una declaración rotunda que refuerza la línea de firmeza que la regidora mantiene desde que saltaron a la luz las informaciones sobre la redistribución de menores migrantes procedentes de Canarias.

Tejero ha enviado una nueva carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que reclama garantías oficiales de que no habrá traslados al centro CREADE, un espacio que —recuerda— se habilitó como recurso temporal de emergencia para acoger refugiados ucranianos durante la guerra y no como infraestructura de acogida estable para otros perfiles.

"El centro no reúne las medidas necesarias, no hay espacio ni se cumplen las condiciones mínimas para atender a cientos de menores con necesidades específicas de protección, escolarización o integración", insistió la alcaldesa, visiblemente molesta por la falta de respuesta oficial.

“Caos” y “efecto llamada”

Tejero acusa al Ejecutivo de actuar de espaldas a la autonomía local y de improvisar políticas migratorias que, según sus palabras, “alimentan el efecto llamada y ponen en riesgo la protección real de los menores”. La regidora cuestiona también qué ocurrirá con los refugiados ucranianos que siguen alojados en el CREADE —según la alcaldesa, actualmente al 83% de ocupación—, muchos de ellos ya escolarizados en colegios de la zona.

"Pozuelo siempre ha sido solidario y acogedor, pero la solidaridad se planifica y se respeta. Tratar a los menores como si fueran sacos es inaceptable", enfatizó.

Competencia autonómica y respaldo legal

Tejero ha recordado que el traslado de menores requiere la aceptación expresa de la comunidad autónoma receptora, algo que respalda la propia Comunidad de Madrid, que ya ha expresado su negativa a recibir a los menores sin una coordinación real.

La alcaldesa reitera su petición: “Exigimos que el Gobierno se siente a dialogar de verdad con las Comunidades Autónomas, pactando emplazamientos y distribuciones justas y viables”.

Por ahora, la tensión sigue viva y la pregunta queda en el aire: ¿Qué pasará con estos menores y con el futuro del CREADE de Pozuelo? La respuesta, como muchas veces, está en manos de una negociación que todavía no ha empezado.