Redacción Pozuelo IN — En una sesión marcada por la urgencia y el clima de tensión institucional, el Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha aprobado este jueves una moción contra la posible llegada de menores inmigrantes no acompañados al centro CREADE del municipio. La iniciativa, presentada por el Grupo Municipal Popular, ha contado con el apoyo del PP y de uno de los concejales no adscritos. PSOE y Somos Pozuelo han votado en contra, mientras que la representante de Vox se ha ausentado en el momento de la votación.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha tomado la palabra para cargar contra lo que ha calificado como “una decisión temeraria del Gobierno de España”, a quien acusa de alimentar el efecto llamada con una política migratoria “caótica y sin rumbo”. Según la regidora, el Ejecutivo central no ha remitido ninguna información oficial a los ministerios competentes ni a la Delegación del Gobierno sobre este traslado, conocido únicamente a través de los medios de comunicación.

“El centro está al 80% de su capacidad. Aquí aún viven familias ucranianas, muchas de ellas con niños escolarizados. ¿Qué va a pasar con ellos?”, ha preguntado Tejero. La alcaldesa ha advertido que la instalación “no reúne las condiciones de protección adecuadas para menores” y ha tildado de “atropello” que se pretenda hacer el traslado “de noche y sin previo aviso”.

En su intervención, la primera edil también ha acusado al Gobierno de querer “romper la convivencia y tensionar los servicios públicos en uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid”. En este contexto, ha recordado que, por ley, el traslado de menores requiere la aceptación expresa de la comunidad de destino, algo que —insiste— no se ha producido.

Tejero ha defendido que “Pozuelo siempre ha sido una ciudad solidaria”, pero ha matizado que la solidaridad debe ser “real, justa y sostenible”. Ha instado al Gobierno central a sentarse con las comunidades autónomas para diseñar una política de acogida ordenada y con garantías. “No se puede abandonar a estos menores a su suerte ni cargar la responsabilidad sobre los municipios, muchos de ellos siempre en Madrid”, ha concluido.

Mientras tanto, el ambiente vecinal está cargado de incertidumbre. La falta de comunicación oficial y la magnitud del anuncio han generado preocupación entre algunos residentes. La oposición, por su parte, ha criticado el enfoque del gobierno local, apelando a una respuesta coordinada y respetuosa con los derechos de los menores.

La moción aprobada hoy no resuelve el conflicto, pero marca una línea clara: Pozuelo exige información, respeto institucional y garantías. El debate, sin embargo, no ha hecho más que empezar.