La investigación judicial sobre los presuntos malos tratos en la guardería Pecas de Pozuelo de Alarcón continúa ampliándose. La magistrada que instruye el procedimiento ha incorporado a otras dos empleadas como investigadas, elevando de siete a nueve el número de trabajadoras afectadas por la causa, según ha publicado este miércoles El Mundo. 

La decisión introduce una novedad significativa en un procedimiento abierto desde finales de 2023, cuando una estudiante en prácticas denunció presuntas agresiones y humillaciones a niños de entre uno y tres años y aportó grabaciones realizadas en el centro.

La ampliación del número de investigadas se conoce apenas un día después de que Pozuelo IN informara de que las familias habían presentado documentación sobre más de 1.800 presuntos episodios de maltrato y trato vejatorio, identificados tras examinar las grabaciones de seguridad de la escuela infantil.

Aquella documentación, fechada el 23 de octubre, describía supuestos golpes, zarandeos, pinchazos en la cara y encierros de menores en habitaciones a oscuras. Las acusaciones particulares solicitaron que esos hechos se incorporasen a la investigación.

Hasta entonces, la magistrada había acordado investigar 352 episodios, mientras que la Fiscalía había cuestionado la forma de ampliar las imputaciones y reclamado una delimitación individualizada de las conductas atribuidas a cada trabajadora.

Dos nuevas investigadas en una causa que continúa abierta

La incorporación de otras dos empleadas supone que nueve trabajadoras quedan ahora bajo investigación judicial. Sin embargo, esta condición procesal no implica culpabilidad ni supone que las presuntas agresiones hayan quedado acreditadas.

Las personas investigadas mantienen íntegramente su derecho de defensa y la presunción de inocencia.

El procedimiento comenzó en noviembre de 2023 y desde entonces ha atravesado distintas fases de investigación policial, examen de grabaciones y recursos judiciales.

La guardería cerró en febrero de 2024 por irregularidades urbanísticas detectadas por el Ayuntamiento, una actuación administrativa independiente de la causa penal.

Casi tres años después de las primeras denuncias, la investigación sigue abierta. El siguiente paso será conocer el alcance de las nuevas imputaciones, los hechos concretos que se atribuyen a las dos trabajadoras y las diligencias que acuerde el juzgado.